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Mujeres y niñas, principales víctimas de la militarización

Infobae

El 3 y 4 de mayo de 2006, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, elementos policiales de la entidad realizaron un operativo en San Salvador Atenco con la intención de disolver el movimiento de protesta que surgió en rechazo a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se pretendía construir en Texcoco.

Durante el operativo, dos personas murieron, decenas de mujeres fueron abusadas y más de 200 personas fueron detenidas.

Las mujeres no solo sufrieron la detención ilegal y arbitraria por parte de policías en el municipio de San Salvador Atenco y en Texcoco, sino que también sufrieron tortura física, psicológica y sexual, así como falta de acceso a la justicia.

El caso de Atenco se convirtió en uno de los más emblemáticos de México en materia de violación de derechos humanos e impunidad y puso en la mira de activistas y organizaciones feministas, a aquellas otras víctimas del uso excesivo de la fuerza militar: las mujeres.

Este 12 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo pública y explícita su intención de que el Ejército y la Marina continúen de manera oficial sus labores en la seguridad del país, de ser necesario, realizando modificaciones a la ley.

Al mismo tiempo, volvió a insistir en la importancia de que la Guardia Nacional (GN) se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y negó la posibilidad de que llegara “otro Felipe Calderón” a declarar otra guerra contra el narcotráfico.

Sus declaraciones han vuelto el debate de la militarización a la discusión pública y han encendido las alarmas, sobre todo para aquellas “víctimas colaterales”.

Y es que diversas investigaciones llevadas a cabo por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), han revelado que la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ha representado un impacto negativo y letal en la vida, sobre todo de las mujeres y las niñas.

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) realizada por última vez en 2016 a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tan solo en el año previo a la encuesta, un aproximado de 97 mil mujeres mayores de 15 años en el país fueron violentadas por militares o marinos.

De las agresiones que sufrieron a manos de militares y marinos, es destacable, por ejemplo, que 13.7% reportaron haber sufrido manoseos, tocamientos, arrimones o levantones de ropa; 19.7% declararon haber sufrido patadas, golpes, pellizcos y empujones; 18% dijeron haber sido vigiladas o seguidas y 4% aseguraron haber sufrido violaciones o intentos de violación por parte de los soldados.

Agregado a esto, datos recabados por el mismo INEGI en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), el 41% de las mujeres que fueron arrestadas por integrantes de la Marina fueron víctimas de violación, en comparación con 5% en el caso de los hombres.

Fuerzas Armadas trastocan la vida de las mujeres

Valentina Rosendo Cantú, una mujer indígena me’phaa, tenía 17 años cuando fue víctima de violencia sexual por parte de miembros del ejército mexicano mientras se encontraba lavando ropa en un arroyo cerca de su casa, ubicada en Barranca Bejuco, municipio de Acatepec. Sucedió un 16 de febrero de 2002 mientras la interrogaban sobre la ubicación de varios hombres de su comunidad para dar con su paradero.

Inés Fernández Ortega, igual de origen me’phaa, vivió algo similar: fue asaltada sexualmente por militares que allanaron su domicilio en Barranca Tecuani, una comunidad de la zona serrana de Ayutla de los Libres, el 22 de marzo de 2002.

La violación sexual y tortura que padecieron estas mujeres indígenas, se dio en el marco de la militarización de los territorios indígenas de la Región de la Costa-Montaña del estado de Guerrero.

Quetzalli Villanueva, abogada y defensora del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, comentó en entrevista con Infobae México que en la entidad guerrerense se tienen muchas experiencias que comprueban que la presencia de militares trastoca de manera negativa, la vida de las comunidades y en especial de la población femenina:

“En el caso de las mujeres y las niñas afecta de manera particular para los derechos de libre tránsito y de una vida libre de violencia porque las dinámicas suelen ser de acoso e intimidación contra las jóvenes”.

Las mujeres no están seguras en las calles mientras los cuerpos militares deambulen por los poblados con la “excusa” de contener las actividades de grupos delincuenciales o del narco, dijo. Y esto no solo está en el discurso de la defensora —quien ha acompañado varios casos de crímenes por parte del ejército contra integrantes de comunidades indígenas—, ni lo que les sucedió a Inés y Valentina fueron casos aislados.

En una exploración hecha por investigadores de Intersecta, en la CIDE-PPD, que es una base de datos publicada por el Programa de Política de Drogas (PPD) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en el 2016, se comprobó que la mayoría de los enfrentamientos entre Fuerzas Armadas y grupos delictivos no fueron resultado de una actuación jurídica o de inteligencia por parte de estas autoridades. Fueron, más bien, resultado de patrullajes o de las autoridades deambulando, ocupando el territorio.

 Años de lucha, ¿en vano?

Los casos de Inés y Valentina, fueron conferidos a la “justicia militar”, es decir, fueron investigados durante años por la misma institución que se señalaba como culpable. Sin embargo, gracias a que llegaron a instancias internacionales en 2011, fueron trasladados de la jurisdicción penal militar a la jurisdicción ordinaria.

Además, debido a las exigencias de sus comunidades y de defensores de derechos humanos en el caso de Valentina, se lograron aprobar las reformas al Código de Justicia Militar, en las que se establece por primera vez una restricción al uso del fuero militar. Como consecuencia, los casos de violaciones de derechos de personas civiles pasaron de ser juzgados por tribunales militares a estar en manos del sistema ordinario de justicia.

La facultad de investigación de delitos que tiene actualmente la Guardia Nacional —la misma que fue derogada tras el caso de Valentina—, se formalizarían en el papel y pasaría a manos de la misma Sedena, de integrarse la primera a la última, advirtió Quetzalli.

“Se logró que quedara formalizado que las investigaciones no podían recaer dentro del mismo grupo que era el pretendido agresor y ahora con la Guardia Nacional (al mando de la Sedena) otra vez están encapsulando estas tareas dentro de sus mismo grupo, cuando en realidad tendrían que ser grupos autónomos de civiles, con perspectivas de derechos humanos”.

Lo que ya se había logrado con la sentencia de Valentina, que representó años de exigencias y trabajo de defensa, se puede venir abajo de oficializarse la integración de las Fuerzas Armadas a las tareas de seguridad pública.

 La solución, ¿capacitar en derechos humanos a los militares?

De acuerdo con la Secretaría de la Mujer del estado de Guerrero, “las mujeres (principalmente, las de comunidades indígenas) siguen padeciendo las consecuencias de una estructura patriarcal ciega a la equidad de género, especialmente en instancias como Fuerzas Armadas o policiales, donde se les entrena para la defensa, el combate o el ataque a criminales, pero no se les sensibiliza en los derechos humanos de la comunidad y de las mujeres”.

Frente a esto, tanto los mandos del Ejército como el mismo presidente López Obrador, han presumido que sí se ha capacitado a las Fuerzas Armadas en la materia e incluso se ha dicho que dicho proceso de formación “es una muestra del giro histórico que se dará a las funciones de las Fuerzas Armadas con especial énfasis en el respeto a los derechos humanos”.

No obstante, la realidad es otra y lo cierto es que las instituciones militares en México, no están asumiendo la obligación de capacitar a su personal, al menos con la rigurosidad necesaria, según un informe realizado por Data Cívica, Equis Justicia e Intersecta titulado “Falsas salvaguardas”.

El documento concluye que la existencia de una estrategia de capacitación en derechos humanos y género, por sí misma, no garantiza que los militares que las reciben, estén, en efecto, capacitados y respeten derechos humanos al ejercer sus labores. La creciente impartición de capacitaciones en derechos humanos y género a las fuerzas armadas no es una estrategia que garantice el respeto a los derechos humanos, incluidos los de las mujeres.

Por una política de seguridad no militarizada

Quetzalli opinó que por toda esa violencia sobre el cuerpo de mujeres, niñas y personas de comunidades que han sido históricamente marginadas, que, además, se ha más que comprobado con estudios, testimonios e incluso cifras, la política de seguridad no puede apostarle a la militarización, a los grupos armados, sino que tendría estar hecha considerando la garantía a una vida libre y en paz.


En 2016

97,000 mujeres mayores de 15 años en el país fueron violentadas por militares o marinos

13.7 % reportaron haber sufrido manoseos, tocamientos, arrimones o levantones de ropa

19.7 % declararon haber sufrido patadas, golpes, pellizcos y empujones

18 % dijeron haber sido vigiladas o seguidas 

4 % aseguraron haber sufrido violaciones o intentos de violación por parte de los soldados

41 % de las mujeres que fueron arrestadas por integrantes de la Marina fueron víctimas de violación, en comparación con 5% en el caso de los hombres

 

“En el caso de las mujeres y las niñas afecta de manera particular para los derechos de libre tránsito y de una vida libre de violencia porque las dinámicas suelen ser de acoso e intimidación contra las jóvenes”.

Quetzalli Villanueva, Abogada y defensora del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”