La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha pedido a la Fiscalía que reabra el caso Colosio, el magnicidio del candidato presidencial del PRI asesinado en Tijuana en 1994. En un informe publicado ayer, la oficina del ombudsman ha señalado que el presunto asesino, Mario Aburto, detenido poco después del ataque, fue objeto de tortura por parte de agentes de la propia Fiscalía y de funcionarios de prisiones. Pese a las dudas sobre el caso y las quejas constantes del condenado, Aburto nunca ha salido de prisión. La CNDH insiste ahora en que el proceso que concluyó en su sentencia fue del todo irregular.
Luis Donaldo Colosio era la estrella emergente del PRI en un momento en que México vivía momentos convulsos. El Gobierno de Carlos Salinas (1988-1994) había aprobado el tratado de libre comercio de Norteamérica con Estados Unidos y Canadá. En enero, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se había alzado en Chiapas, un desafío al Estado desde los movimientos de base del sur del país, un llamado de auxilio del campesinado, olvidado por décadas.
En ese contexto, Colosio era un símbolo de esperanza, la última gran operación publicitaria del PRI, que se eternizaba en el poder desde su formación, a finales de la década de 1920 bajo la presidencia de Plutarco Elías Calles. Ídolo de masas, Colosio llenaba sus mítines allá por donde iba. Aquel 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, no fue ninguna excepción. Riadas de gente llegaron a ver al candidato. En un traslado, alguien sacó una pistola y disparó a Colosio. El político murió poco después en el hospital. Aburto fue detenido en las primeras horas después del asesinato.
Mucho se ha escrito sobre el magnicidio en todos estos años, también de Aburto y su presunta responsabilidad. Las teorías conspirativas sobre el papel del PRI en el asesinato, las presiones que habrían sufrido los investigadores y los vínculos de unos y otros con el crimen organizado han permeado en la opinión pública, hasta el punto de que esas teorías resultan a veces tan creíbles como la versión de que Aburto es el culpable.
Además de reabrir la investigación, la CNDH pide a la Fiscalía que investigue su propia investigación debido a las irregularidades detectadas en las pesquisas. Los investigadores piden que “se consideren las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generados en el pasado, para que en esta nueva investigación que se realice o en la reapertura de la anterior, se subsanen tales deficiencias y se llegue al pleno esclarecimiento de los hechos”.
La oficina del ombudsman pide igualmente que se reactive la investigación por tortura contra Aburto, iniciada en 1994 y abandonada otros tantos. “Aún transcurridos 27 años desde que ocurrieron los hechos alegados, conforme al Protocolo de Estambul que se le practicó, existe un cuadro de lesiones típicas, así como diversas cicatrices de distintos tamaños que pueden ser importantes en un diagnóstico de torturas”, señala el documento.
SCJN no revisará amparo; tribunal se negó a canalizar el recurso
Previamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no estudiará la demanda de amparo interpuesta por la defensa de Mario Aburto Martínez, a quien se le imputó el asesinato de Luis Donaldo Colosio, por el que recibió una condena de 45 años en prisión; esto tras la desición de un tribunal federal, quien decidió que no canalizará el proceso a los 11 ministros que conforman la máxima sala de justicia en el país.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Estado de México argumentó que el estudio del amparo solicitado por Aburto no le compete a la SCJN, por lo que será el órgano judicial mexiquense el cual analice el caso y determine si se otorga el recurso legal que lo podría poner en libertad después de más de 26 años en prisión.
Los abogados de Mario Aburto promovieron el amparo en contra de la sentencia de 45 años el pasado 25 de mayo del 2021, en el cual argumentaron que se cometieron graves violaciones a sus derechos humanos por parte de las autoridades que lo detuvieron, quienes se encargaron de torturarlo y posteriormente obligarlo a declarar que él había sido el asesino y único implicado en el crimen.
Asimismo, el oficio presentado ante las autoridades judiciales aseguró que la familia del imputado también ha sido víctima de los abusos por parte de las autoridades, pues además de ser privados de la presencia de su ser querido, fueron violentados por policías.
Mario Aburto cumple su condena en el Cefereso 12 de Ocampo, Guanajuato, lugar en el cual se le notificará si su condena se modifica, confirma o es revocada, según el fallo al que las autoridades lleguen después de estudiar su amparo.
La defensa del imputado está conformada por defensores públicos y personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), institución que denunció las torturas que recibió Aburto para obligarlo a confesar.
En noviembre del 2021, la CNDH dio a conocer de manera detallada el trato del cual fue víctima Mario Aburto tras ser detenido en 1994, además de informar que los documentos oficiales del caso exhiben diversas irregularidades, por lo cual pidieron que se revisara su situación legal.
