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Maderas del Pueblo llega a su 31 aniversario

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Foto(s): Cortesía
Octavio Vélez Ascencio

Maderas del Pueblo Sureste (MPS), un organismo no gubernamental ecologista, fundado con la cobertura del Pacto de Grupos Ecologistas (PGE), cumplió ayer 31 años de su fundación.

El coordinador general de la organización, Miguel Ángel García Aguirre informó que MPS, después de la integración de un equipo de trabajo alrededor de la defensa de Los Chimalapas, fue constituida formalmente como asociación civil el 31 de octubre de 1991.

Explicó que la organización en sus 31 años de trabajo ininterrumpido, ha apoyado a diversas comunidades indígenas y campesinas de Oaxaca y Chiapas, principalmente en Los Chimalapas, la zona de mayor diversidad biológica de México y Mesoamérica y en la Selva Lacandona.

Detalló que MPS, a partir del 2014 y de forma intermitente, ha apoyado también al pueblo indígena Ikoots de San Mateo del Mar, en su lucha en defensa del territorio y bienes naturales

Además, mencionó que la organización apoyó la lucha del pueblo indígena Momoxca de Milpa Alta, Ciudad de México, entre 1998 a 2002, en la defensa de su territorio y de sus bosques.

Observó que también MPS colaboró como asesor externo en la elaboración del “Programa de Ordenamiento Ecológico” del entonces Distrito Federal.

“Este apoyo lo hemos retomado a partir de este 2022, ante la amenaza de la imposición del megaproyecto extractivo inmobiliario, denominado Programa de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México”, anotó.

Aparte de esto, destacó que la organización está enfocada prioritariamente a la labor de información, difusión, y apoyo y acompañamiento a la lucha de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, frente al macroproyecto denominado Corredor Interoceánico.

García Aguirre dijo que MPS también continuará ofreciendo apoyo y acompañamiento al pueblo zoque y a sus comunidades en la defensa de su territorio, como coordinación regional del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas, para impulsar el cumplimiento de la histórica sentencia de la SCJN, donde se reconoce las 162 mil hectáreas invadidas durante más de 70 años por madereros, ganaderos y narcos, como pertenecientes a San Miguel y Santa María Chimalapa.

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