Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) sufrió anoche uno de sus mayores reveses judiciales en la presente Administración, pues un juez federal desechó la imputación contra 16 mandos y ex funcionarios del sistema penitenciario, por el caso de los sobreprecios pagados por las concesiones de ocho prisiones de alta seguridad, al estimar que los delitos están prescritos.
Por este caso, el año pasado se libró una orden de aprehensión contra Genaro García Luna, preso en EU, porque los contratos cuestionados por la Fiscalía fueron firmados en 2010 y 2011, cuando era titular de la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF).
Después de una audiencia de seis días, Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, determinó que en este asunto el plazo para perseguir los delitos feneció en 2020, y la Fiscalía inició su indagatoria después de la fecha perentoria.
Por esta razón, el impartidor de justicia declaró que están prescritos los delitos de asociación delictuosa y uso indebido de atribuciones y facultades, y acto seguido resolvió cancelar el trámite del procedimiento penal contra los imputados.
De acuerdo con la defensa, el juez ni siquiera hizo un pronunciamiento sobre si debían ser o no vinculados a proceso, porque al día de hoy ninguno de los delitos está vigente.
Lo que sí hizo fue distinguir sus argumentos con relación a tres de los imputados.
Se trata de Sergio Montaño Fernández, ex Oficial Mayor, Arturo Sosa Viderique, director de Administración, y Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, ex director de Adquisiciones de la SSPF.
Al haber sido quienes suscribieron los contratos originales, hace más de una década, el juzgador dijo que sí incurrieron en una contratación indebida y que se habían asociado ilegalmente para ello. Es decir, que sí existían los dos delitos, pero ya habían prescrito y no podían ser sancionados.
Respecto a los 76 convenios modificatorios, en los que están implicados el resto de los funcionarios, señaló que ninguno de ellos sirvió para contratar servicios, sino para mejorar las condiciones de lo que indebidamente se había contratado en 2010 y 2011.
Los funcionarios que libraron anoche esta imputación son el General Sergio Alberto Martínez Castuera, actual coordinador de los penales federales, así como sus antecesores, el General Salvador Camacho Aguirre y Celina Oseguera Parra.
También Paulo Uribe Arriaga y Óscar Moreno Villatoro, ambos ex directores generales de Administración del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), y los ex coordinadores de centros federales Antonio Molina Díaz y Saúl Castro Castro.
El resto son Miguel Vital Hernández, director General Adjunto de la Dirección General de Administración, Alma Delia Sánchez Ocampo, ex directora de Adquisiciones, Raúl Gerardo Lemus Soto, director de Apoyo Operativo, María Lidia Alcántar Vargas, Antonio Corona Rodríguez y José Ariel Morales López.
De acuerdo con la imputación, la FGR les atribuye pagar un sobreprecio de 62 mil 840 millones de pesos en los contratos de construcción y prestación del servicio de prisiones en los Centros Federales de Readaptación Social de Sonora, Oaxaca, Coahuila, Durango, Morelos, Chiapas, Michoacán y Guanajuato.
Estos contratos fueron otorgados en 2010 y 2011 a las empresas ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco por casi 270 mil millones de pesos, para instalar una infraestructura carcelaria con capacidad para 20 mil reclusos.
