En momentos en que México contempla entre indignado y horrorizado por la muerte de sus inmigrantes en Texas, la Organización No Gubernamental Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA), ha emitido un devastador informe en el que denuncia el elevado grado de impunidad que existe en la República Mexicana y que ha permitido el aumento de delitos y agresiones contra migrantes que llegan en su mayoría desde Centroamérica.
“El acceso a la justicia para las personas migrantes en México es un derecho que sólo existe en el papel”, se asegura en el reporte de 40 páginas en el que se presenta un compendio del horror que padecen miles de migrantes de distintas nacionalidades en su intento por alcanzar la frontera con Estados Unidos.
“De acuerdo con todas las organizaciones entrevistadas, el secuestro, la desaparición forzada y otros tipos de privación ilegal de la libertad de migrantes se mantienen en niveles altos en México”, se establece en el informe donde se vuelve a subrayar un viejo problema: la colusión del crimen organizado con autoridades en los diferentes niveles de gobierno.
“La impunidad de delitos contra migrantes es alarmante. Según cifras oficiales para el período de 2014 a 2016, de un total de 5,824 delitos contra migrantes en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Sonora, Coahuila y a nivel federal, sólo existe evidencia de 49 sentencias lo que equivale a una impunidad del 99 por ciento”, se señala.
En el reporte queda en evidencia además lo que, desde distintas organizaciones defensoras de Derechos Humanos se ha denunciado; la hipocresía del gobierno mexicano que denuncia el maltrato y la persecución de los suyos en Estados Unidos, pero se hace de la vista gorda cuando se trata de las graves violaciones contra migrantes de Centroamérica y otros países dentro de su territorio.
“México ha incrementado drásticamente su capacidad para detener y deportar migrantes, pero no ha desarrollado con la misma prioridad y urgencia los mecanismos para investigar delitos cometidos en contra de ellos”, denuncia.
Además, “muchos funcionarios en México muestran una marcada falta de voluntad para investigar los delitos que se cometen en contra de los migrantes” que cruzan por su territorio. Aunado a ello, añade el informe, “la criminalización de la población migrante y las personas defensoras de sus derechos humanos, es otro obstáculo para garantizar su acceso a la justicia”.
Suprema Corte de EU rechaza a migrantes
Por otra parte, la Corte Suprema de Estados Unidos mantendrá indefinidamente los límites al asilo que fueron impuestos durante la pandemia, frustrando las esperanzas de los defensores de la inmigración que habían estado esperando que se levantaran esta semana.
En un fallo el martes, la Corte Suprema extendió una suspensión temporal que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, emitió la semana pasada. Según la orden del tribunal, el asunto se debatirá en febrero y la suspensión se mantendrá hasta que los jueces resuelvan el caso.
Los límites se implementaron durante el gobierno de presidente Donald Trump al comienzo de la pandemia. De conformidad con las restricciones, Estados Unidos ha expulsado a solicitantes de asilo que estaban dentro del país en 2,5 millones de ocasiones —y rechazado a la mayoría de las personas que solicitaron asilo en la frontera— con el argumento de prevenir la propagación del COVID-19. Las restricciones suelen denominarse Título 42, en referencia a una ley de salud pública de 1944.
Defensores de los inmigrantes interpusieron una demanda contra dicha política, argumentando que va en contra de las obligaciones estadounidenses e internacionales con las personas que huyen de la persecución. También han argumentado que la política es obsoleta debido a la mejoría en los tratamientos contra el coronavirus.
“Estamos profundamente decepcionados por todos los solicitantes de asilo desesperados que seguirán sufriendo a causa del Título 42, pero seguiremos luchando para poner fin a esta política”, declaró Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), una organización que había estado argumentando en contra del uso del Título 42.
Un juez federal falló a favor de los activistas en noviembre y fijó el 21 de diciembre como fecha límite para poner fin a la política. Un grupo de estados de tendencia conservadora recurrieron a la Corte Suprema para evitar que se eliminaran dichos límites, advirtiendo de que un aumento de la inmigración afectaría los servicios públicos y causaría una “calamidad sin precedentes”.
Roberts, que se ocupa de los asuntos de emergencia que llegan de los tribunales federales de la capital del país, dictó una suspensión para dar tiempo al tribunal a examinar más a fondo los argumentos de ambas partes.
El gobierno federal pidió a la Corte Suprema que rechazara la postura de los estados, aunque también reconoció que poner fin a las restricciones de forma abrupta probablemente provocaría “trastornos y un aumento temporal de los cruces ilegales de la frontera”.
La decisión de la Corte Suprema se produce en un momento en el que miles de migrantes se han congregado en el lado mexicano de la frontera, llenando los albergues y preocupando a los activistas que se esmeran por encontrar la forma de atenderlos.
Panorama
5,824 delitos contra migrantes en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Sonora, Coahuila
49 sentencias por dichos delitos en el país
99 % quedan en la impunidad
“México ha incrementado drásticamente su capacidad para detener y deportar migrantes, pero no ha desarrollado con la misma prioridad y urgencia los mecanismos para investigar delitos cometidos en contra de ellos".
WOLA
“Muchos funcionarios en México muestran una marcada falta de voluntad para investigar los delitos que se cometen en contra de los migrantes”.
WOLA
