Reporte Índigo
En 10 estados se iniciará la regulación de los vehículos de procedencia extanjera, más conocidos como "autos chocolate" y con el pago de 2 mil 500 pesos. Esto dará certeza jurídica a los propietarios además de trabajar en conjunto para mejorar la seguridad.
Así informó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez en conferencia matutina, quien también indicó que lo recaudado con la regulación, se destinará al mejoramiento de calles y bacheo.
Durante la conferencia de prensa matutina, informó que en el país circulan 2.2 millones de automóviles de este tipo los cuales impactan en la seguridad ante la falta de mecanismos de registro y control vehicular.
Puso como ejemplo que en Baja California circulan más de 500 mil autos chocolate y solo del 1 de noviembre de 2019 al 30 de agosto de 2020 fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales 370 automotores.
Mencionó que 80 por ciento de los homicidios dolosos que se registran en Chihuahua están relacionados con autos irregulares, por ello la necesidad de ser regularizados para sacarlos del anonimato y que pueden llevarse a cabo las investigaciones para dar con los responsables de la violencia.
La secretaria dijo que la regularización de este tipo de vehículos es en Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Baja California sur, Durango, Michoacán y Nayarit, de los que ya se encuentran en nuestro país.
Se hará un pago de 2 mil 500 pesos, el trámite correspondiente ante el Registro Público Vehicular (Repuve) para aquellos modelos que tengan una antigüedad de más de 5 años, “con esta determinación haremos visible lo invisible”.
Rodríguez Velázquez manifestó que ahora se tendrá claro el nombre del propietario con rostro, nombre y apellido como sucede con los dueños de otros vehículos en el Registro Público Vehiculae (Repuve).
Dijo que se permitirá compartir la información en los tres órdenes de gobierno para generar inteligencia y evitar la impunidad, además del mejoramiento de la seguridad pública en entidades federativas porque se evitará que estos vehículos sean usados por bandas criminales y de forma anónima.
“De esta forma atendemos el tema de seguridad y la falta de certeza jurídica de cuyas familias deciden comprar estos vehículos para trasladarse a la escuela, trabajo o actividades diarias, ahora tendrán certidumbre sobre su patrimonio”, comentó.
“Los recursos que se obtengan de esta medida se utilizarán para reparar calles y baches en las entidades”, agregó.
