Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que va de la actual Administración, 141 activistas y periodistas han sido asesinados en el país y la mayoría de los crímenes están impunes, informó Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, el funcionario sostuvo que del total de asesinados sólo seis estaban en el Mecanismo de Protección.
"Del último caso, de Gustavo Sánchez Cabrera, que pertenecía al ámbito periodístico de Oaxaca, nosotros mismo como mecanismo generamos una solicitud para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos iniciara una investigación por las posibles omisiones que pudiera haber de cualquier autoridad, tanto del ámbito federal como del ámbito local, que eran quienes estaban implementando las medidas de ese periodista", dijo.
En el caso de los asesinatos de activistas, que suman 94, detalló, solo se han dictado sentencia en dos casos, por lo que la impunidad alcanza el 99 por ciento, mientras que en los homicidios contra periodistas se ha emitido cinco sentencias, por lo que la impunidad es de 89 por ciento.
Para el primer grupo, añadió Irazoque, el mayor número de asesinatos se han cometido en Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Veracruz y Michoacán, en tanto que el segundo, la mayor incidencia se concentra en Sonora, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Estado de México y Oaxaca.
"Desde el mecanismo hay un monitoreo constante de las agresiones que, sin ser homicidios también se cometen, tenemos información que las amenazas, las agresiones físicas, el robo, la persecución y la desaparición son las agresiones que más proliferan entre las y los periodistas, ya sea por servidores públicos, que tenemos un 40 por ciento de involucramiento en ese rubro; de la delincuencia organizada y también de perfiles no identificados", afirmó.
Encinas afirmó que se realizarán las acciones necesarias para mejorar el mecanismo de protección y que, entre éstas, está mejorar la coordinación con las autoridades locales, que son las que en primera instancia deben garantizar la seguridad.
"Tenemos que atender el riesgo, el contexto de riesgo que se presenta, en donde la expresión más delicada, por supuesto, es el homicidio o el secuestro, pero, por supuesto, desde las amenazas a las agresiones físicas, al robo de equipo, a la intromisión de los hogares, implica una tarea para enfrentarlo de manera integral. Necesitamos que las autoridades locales cumplan con su responsabilidad", enfatizó.
Irazoque comentó que se firmarán convenios de colaboración con las 32 entidades federativas para generar políticas públicas de prevención contra las agresiones, las amenazas y los riesgos de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.
"Tenemos información que las amenazas, las agresiones físicas, el robo, la persecución y la desaparición son las agresiones que más proliferan entre las y los periodistas". Enrique Irazoque, Titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob.
