Tras su detención el pasado 15 de julio, Rafael Caro Quintero, exlíder del cártel de Guadalajara, ha promovido un amparo contra supuestos actos de tortura en el penal del Altiplano.
En este texto se acusa como responsables de estos actos al director general del penal ubicado en el Estado de México y a otras autoridades del lugar.
En el amparo agrega que Caro Quintero también es víctima de actos de incomunicación, segregación, aislamiento, cautiverio con tormentos físicos y psicológicos, además de malos tratos, tortura y lesiones que pueden poner en riesgo su vida.
Cabe señalar que este juicio de garantías fue promovido ante un juez de distrito con sede en Toluca y fue presentado por una persona que se identificó como José Mora León.
El juez de amparo decretó la suspensión contra los actos reclamados a favor del solicitante. En el juicio de garantías se pide a la autoridad responsable emitir un informe sobre los señalamientos y cumplir las medidas de protección en un lapso no mayor a 24 horas.
Caro Quintero evita extradición de forma momentánea a EUEl pasado martes 2 de agosto, una jueza federal concedió a Caro Quintero un amparo definitivo contra cualquier intento de extradición del Gobierno de México hacia Estados Unidos,
"Se concede la suspensión definitiva solicitada", se lee en la sentencia radicada en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México.
El fundador del Cártel de Guadalajara y denominado el "narco de narcos", es acusado por Washington del secuestro, tortura y asesinato de Enrique "Kiki" Camarena, agente especial de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) en 1985, entre otros delitos.
El presunto líder criminal, el más buscado por la DEA, cuenta con dos órdenes de aprehensión en su contra dentro del territorio mexicano y una petición de extradición por parte del Gobierno estadounidense para juzgarlo.
Aunque el narcotraficante obtuvo una suspensión definitiva, la resolución de la jueza Abigail Ocampo no lo libra de su encarcelamiento en una prisión federal mexicana y permite a la Fiscalía General de la República (FGR) impugnar su decisión ante un tribunal de justicia.
*Con información de El Heraldo/ EFE
