Al cumplirse ocho años del crimen, las familias de los activistas Alberta “Bety” Cariño Trujillo y Jyri Jaakkola Antero recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la denegación de justicia del Estado mexicano.

Omar Esparza Zárate, esposo de la activista, dijo que la CIDH, una entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA), constituye una de las últimas oportunidades para castigar el homicidio, porque en México no se garantiza por ninguna vía el derecho a la justicia.

Ixtacuixtla, Tlax.- Una mujer decidió mutilar las patas de sus perros, debido a que los animales habían causado problemas en su jardín, al rascar sus plantas.

A través de redes sociales vecinos de Ixtacuixtla, Tlaxcala, difundieron los hechos, pues debido a los alaridos de los canes acudieron al domicilio para recriminar el acto a la mujer.

Los pobladores pidieron a la señora entregar a los cachorros para que fueran atendidos por un médico veterinario, sin embargo se negó.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos inició el expediente de queja CAAG1804210002 ante la retención de dos funcionarios del gobierno del estado por integrantes de la Sección 22 del SNTE, durante el bloqueo realizado el sábado en el crucero de la gasolinera Fonapas.

El delegado de Servicios Educativos del IEEPO, César Chávez Ávila y el asesor de la Secretaría General de Gobierno, Germán Toledo Toledo, fueron obligados a permanecer en la manifestación que llevaron a cabo el grupo de docentes de la escuela primaria Tierra y Libertad.

La pena o timidez por mostrarse sin ropa ha pasado a segundo plano para Marco Lavariega, quien tras cinco años y medio pidiendo justicia por ser víctima de una negligencia médica, ha ideado todo tipo de acciones para atraer la atención de la gente y las autoridades con el objetivo de que ser escuchado.

"Es un gobierno que no cumple con su deber, incurre en omisiones, la justicia es un mito en Oaxaca, es una ilusión", asevera el hombre mientras camina cubriendo su pecho sólo con letreros que dicen "No más impunidad."

Por no existir una sola clínica que cuente con las acreditaciones que por Ley requiere el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), el Hospital General doctor Aurelio Valdivieso quedó imposibilitado para referir a las pacientes obstétricas que por la saturación del servicio no pueden ser atendidas.

"¿Cuántas veces tenemos que insistir en la protección del patrimonio cultural para que el gobierno y los ciudadanos pongamos atención?", cuestionó el poeta y gestor cultural Juan Pablo Vasconcelos Méndez durante su intervención en el foro "Derecho y Cultura" desarrollado en la Casa de la Cultura Jurídica.

Lamentó que las autoridades gubernamentales y los representantes del pueblo carezcan de la claridad, conciencia y "voluntad política" para hacer una realidad los derechos culturales de los oaxaqueños.

HUAJUAPAN DE LEÓN, Oaxaca.- Integrantes del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), otras organizaciones sociales, así como familiares y amigos, rindieron homenaje luctuoso a Alberta Cariño Trujillo, mejor conocida como Bety Cariño, a ocho años de su asesinato.

Fue el  27 de abril del 2010 que Bety Cariño y Jyri Antero Jaakkola, junto con otros activistas, salieron de la ciudad de Huajuapan rumbo a la comunidad de San Juan Copala, en una Caravana de Ayuda Humanitaria, para salvar a niños y mujeres del sitio en que vivían.

El Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, Miguel Ángel Carballido Díaz, reconoció que enfrentan problemas para que sus sentencias sean acatadas por las instituciones señaladas.

“Desde mi punto de vista, faltan instrumentos legales para las resoluciones de los órganos jurisdiccionales puedan, cabalmente, cumplirse”, dijo durante su participación en el curso-taller Paridad libre de violencia política en razón de género.

En estas circunstancias, comentó el Magistrado, sus resoluciones son burladas por los actores.

Si las comunidades indígenas de la entidad apuntan altos índices de pobreza y marginación es porque no han tenido a representantes que trabajen contra ello, aseveró la activista social Anabel López.

Señaló que ello se refleja en falta de oportunidades de indígenas por ocupar un cargo federal, pues de 500 curules en el Congreso de la Unión, sólo 6 son ocupados por indígenas,

La familia de Edward está por definir si acude a la oficialía común de los juzgados de distrito a solicitar un amparo por la decisión que la semana pasada tomó el Tribunal Superior de Justicia del Estado de reponer el proceso en contra del médico Luis, pero sobre todo, por la celeridad con que resolvió su liberación.

“Una apelación, que es el recurso que empleó la defensa del médico tarda, como mínimo, dos meses o hasta un año, y el Tribunal lo resolvió en menos de 72 horas, además que los agravios nunca fueron estudiados”, hizo notar Enrique Unda, abogado de la familia.