La vivienda ubicada en la calle de Belén de la colonia Samaritana en el municipio de Santa María Atzompa se ubica hasta el final de la calle, en la parte posterior de una cancha de basquetbol, pero donde todos los vecinos sabían que vivían los niños chiapanecos.

“A veces había hasta cien niños, los veíamos ahí todos amontonados”, dijo una vecina a los policías que resguardaron la zona mientras se realizó el cateo.

El inmueble se encuentra todo bardeado y en su lado sur tiene dos cuartos de lámina y otros dos de concreto.

PUERTO ESCONDIDO, Oaxaca.- La pasión por vivir intensamente y desafiar a las convenciones sociales para explorar sus propios alcances y cumplir un sueño, han hecho que Alejandra Ibarra, coahuilense de 35 años de edad, adapte su forma de vida a una bicicleta, un acompañante perruno y cientos de experiencias y paisajes que desde hace tres años llenan su existencia de sentido.

Oaxaca se ubica en la quinta posición en el país por la incidencia de explotación laboral en contra de niñas, niños y adolescentes. Se estima que en toda la entidad más de 158 mil 340 menores de edad son sometidos a riesgosas jornadas de trabajo sin una paga o retribuciones mínimas.

El rescate de 61 menores de edad, entre bebés, niñas, niños y adolescentes, quienes tenían concentrados en una casa de Santa María Atzompa, es sólo uno un pequeño universo de este hecho recientemente recientemente tipificado en abril de este año como delito en Oaxaca que se sanciona con cárcel.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó el rescate de más de 60 personas víctimas de trata de personas en su modalidad de explotación laboral, en el municipio de Santa María Atzompa, 56 de ellos eran menores de edad.

Lo anterior viene a confirmar que Oaxaca es un estado con alta incidencia de este delito, como lo afirma el estudio trata de personas en México del organismo Hispanics in Philanthropy (HIP), que señala que en la entidad y en 19 estados de la República hay casos de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas.

En lo que va de 2018, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), ha recibido 2 mil 914 quejas por violaciones ejercidas contra las garantías de diversas personas en todo el estado.

De acuerdo a la información que registra el portal oficial de ese organismo, los Valles Centrales se ubican como la región que ocupa el primer lugar de quejas con el 61.6%, con mil 794 registros; le sigue la Mixteca con 261; el Istmo con 189, la Sierra Sur con 181, la Costa con 149, la Sierra Norte con 120, el Papaloapan con 119 y la Cañada con 101 quejas.

Los menores de edad que eran explotados con trabajo en los principales cruceros de la ciudad capital, vivían con animales: sin higiene, no tenían educación y muchos menos una buena alimentación.

La forma de hacinamiento en los pequeños cuartos causó indignación entre el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca y de  la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado (PRODENNAO) del sistema DIF estatal.

“Yo no soy secuestrador, yo fui el secuestrado”, afirmó el dirigente de la Unión Cívica y Democrática de Barrios Colonias y Comunidades (Ucidebacc), Librado Baños Rodríguez, después de salir absuelto de la penitenciaría central de Santa María Ixcotel, donde estuvo recluido durante cinco años.

"En la mayoría de los países de América Latina se reconocen los derechos de los pueblos indígenas, pero al momento de hacerse efectivos existe una gran brecha en su implementación", afirmó el investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Víctor Leonel Juan.

“Hay una brecha profunda entre lo que dispone la ley y lo que se hace en la práctica”, recalcó.

Nueve personas que podrían estar implicadas en una red de trata de personas y explotación infantil fueron asegurados durante la madrugada de ayer por personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en coordinaciòn con la policìa municipal de Santa María Atzompa, policìa estatal y la Procuraduyrìa para la Defensa del Menor y la Familia (DIF) y rescataron a un total de 61 menores de edad, entre ellos a recién nacidos.

Después de revisar 22 denuncias presentadas, el jurado del Juicio Popular y Comunitario halló ayer responsable al Estado mexicano de violaciones a derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas con la entrega de las 322 concesiones mineras, y recomendó la cancelación de todas las asignaciones por el incumplimiento de esas disposiciones.