El ex preso político Juan Sosa Maldonado, a quien el Estado mexicano encarceló por supuestamente pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR), demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador crear una Comisión de la Verdad para investigar la represión desatada por los gobiernos federal y estatal a mediados de la década de los 90 en San Agustín Loxicha.
“No es posible retroceder y eliminar políticas de avanzada que ya estaban. No es posible disminuir presupuestos, todo debe ser progresivo y no regresivo”, señaló la antropóloga y política Marcela Lagarde de los Ríos frente al planteamiento de recorte al presupuesto de género proyectado por el gobierno federal para el 2019.
La ex legisladora federal convocó a la conformación de un frente y red nacional común, con la que, a través de las vías institucionales, “defendamos lo que es nuestro”.
Con la desaparición del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) existente desde hace 12 años, la menos 700 mujeres víctimas de violencia de género quedarán desprotegidas de atención jurídica y psicológica.
De acuerdo con información de la instancia en Oaxaca, actualmente el área de trabajo social tiene 703 casos en proceso; el área psicológica 675; el área jurídica 640; correspondientes a la línea de Atención 0-800 otros 26; y el área tanatológica 67 casos.
Para 60 de los 90 comunidades indígenas de Oaxaca, donde el gobierno federal asignó concesiones mineras, la actividad extractiva no representa una vía de desarrollo, afirmó el coordinador del Área de Derechos Territoriales de la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Neftalí Reyes Méndez.
“Han dicho si a la vida, no a la minería”, asentó.
CIUDAD DE MÉXICO.- En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), órgano que interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, al menos 61 funcionarios perciben más de los 108 mil pesos mensuales que ganará el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Tan sólo el Ombudsman Luis Raúl González Pérez tuvo este año ingresos por 4 millones 243 mil 164 pesos, es decir recibió la cantidad de 353 mil 597 pesos mensuales.
Durante el 2018 la Secretaría de Salud de Oaxaca (SSO) sólo realizó una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) por violación. En contraparte, 13 mujeres fueron criminalizadas por abortar.
El contraste podría reflejar la disparidad que enfrentan las mujeres para el acceso a un aborto legal y seguro.
Pueblos y comunidades indígenas, así como organizaciones civiles de Oaxaca y de otros estados manifestaron su preocupación al presidente Andrés Manuel López Obrador, ante los nuevos proyectos de inversión de grandes dimensiones que se contraponen con el derecho a la libre determinación.
En un pronunciamiento, expusieron que si bien el jefe del Ejecutivo promovió las consultas nacionales sobre el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y sobre los Programas Prioritarios, no ha habido diálogo con los pueblos y comunidades potencialmente afectadas por dichos proyectos.
La recién aprobada Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República asegura de forma general y con creces que investigará y perseguirá los delitos, ejercerá la acción penal, procurará la reparación del daño y promoverá la adopción de medidas de protección en favor de las víctimas, aseguró el diputado federal de Morena, Armando Contreras Castillo.
El legislador expuso que la nueva fiscalía estará dotada de una estructura operativa con capacidad real para investigar casos de crimen organizado, corrupción y violaciones graves a derechos humanos.
Un total de 6 mil 134 veces se violaron los derechos humanos en Oaxaca durante el 2017, así lo reveló el Censo Nacional de Derechos Humanos realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi).
En el país, 93 mil 482 expedientes de queja se calificaron como presuntamente violatorios de derechos humanos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y por los Organismos de Protección de Derechos Humanos (OPDH) de las entidades federativas.
El Secretario de la Contraloría, José Ángel Díaz Navarro aseguró que no puede sancionar al ex titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), Francisco Javier Montero López; acusado de tener responsabilidad en el asesinato de la fotógrafa María del Sol Cruz Jarquín, y delegó esa responsabilidad al Tribunal Administrativo.
