La organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), junto con el Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción (Cepiadet), presentó ayer el documento "Entre la Realidad y la Justicia" en el que plantea propuestas de políticas públicas encaminadas a mejorar el acceso a la justicia penal de personas indígenas de Oaxaca y Chiapas.
El día decisivo llegó, los pañuelos verdes se empuñan en lo alto, vitorean la conquista del aborto como un derecho sexual y reproductivo para las mujeres de Oaxaca. La lucha histórica coloca a la entidad como el segundo estado del país en donde se habrá de garantizar a las mujeres la libre determinación sobre sus propios cuerpos.
“¡Alerta, alerta, alerta, alerta, alerta que camina, la lucha feminista por América Latina!”; el grito sacude el recinto cameral al aprobarse la reforma al Código Penal que permite la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación.
Ciudad de México. En un acto inédito, el Estado mexicano reconoció por primera vez que durante la guerra sucia “se construyó y operó desde el gobierno de la época un aparato de represión que cometió delitos de lesa humanidad” contra los disidentes políticos.
La amnistía a mujeres encarceladas en el país por haber abortado es una medida engañosa debido a que la mayoría están sentenciadas por homicidio en razón de parentesco un delito para el que no se contempla el perdón, señaló Verónica Cruz Sánchez, directora de Las Libres, organización defensora de los Derechos Humanos de las Mujeres.
Si se considera el impacto en número de mujeres que serán beneficiadas, éste será mínimo. En todo el país, 4 mil 500 mujeres fueron criminalizadas por el delito de aborto del 2000 al 2017 de las cuales 40 están actualmente en prisión, precisó.
La falta de sanciones por actos de violencia contra las mujeres ha contribuido a un entorno de impunidad y de poca confianza en todos los poderes y órdenes de gobierno, aseveró la diputada Griselda Sosa Vásquez, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la Alerta de Género Contra las Mujeres.
Oaxaca, entidad con mayor cantidad de mujeres en condición de pobreza y marginación, forma parte de los nueve estados del país con mayor número de criminalizadas por haber interrumpido sus embarazos. En total, en esas nueve entidades se concentra el 66.51 por ciento de los “delitos por aborto” registrados de enero a agosto de 2019 por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
CIUDAD DE MÉXICO.- De las 18 entidades con Alerta de Violencia de Género (AVG), ninguna ha logrado bajar de manera consistente la incidencia en seis delitos que afectan a las mujeres.
Un comparativo sobre datos de feminicidio, acoso, abuso, hostigamiento, violación simple y violación equiparada muestra que, si bien algún delito bajó en un año, al siguiente volvió a subir.
El análisis se aplicó a la incidencia estatal que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), pues la AVG se decreta en los principales municipios.
OAXACA .- El Congreso del Estado convocó a los 40 ayuntamientos con declaratoria de Alerta por Violencia de Género Contra las Mujeres de Oaxaca, a evaluar y proponer las acciones para erradicar la violencia hacia las mujeres.
En el Senado, la Comisión de Estudios Legislativos aprobó modificaciones al artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo para extender el número de semanas de incapacidad laboral por maternidad.
Así, las madres trabajadoras tendrán derecho a tomar siete semanas anteriores y siete posteriores al parto. En la ley actual se establece que las semanas por alumbramiento son seis antes y seis después, precisa el dictamen.
En los últimos ocho meses del año, al menos 200 niñas, adolescentes y mujeres en Oaxaca, principalmente de comunidades rurales e indígenas, vieron transgredido su derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en casos permitidos por el Código Penal, señaló Rosa Bertha Simón Sánchez, consejera consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
