El Senado de la República exhortó a la Secretaría de Salud a que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezca las acciones orientadas a brindar seguridad médica a las comunidades indígenas que se encuentran alejadas de las zonas urbanas, con el objeto de atender la mortalidad materna, principalmente en los estados de Oaxaca y Chiapas.
Oaxaca de Juárez. Pese a que Yadira y Juan son hablantes de su lengua materna, como estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, se autocensuran para evitar ser discriminados.
Yadira Bautista Gabriel y Juan Bernando Murcio, cursan Veterinaria en la máxima casa de estudios.
Yadira tiene 19 años de edad y es originaria de San Miguel Yotao, perteneciente al distrito de Ixtlán de Juárez, en entrevista la joven negó haber conocido a otro estudiante hablante de lengua indígena en los siete meses que lleva en la universidad.
Desde el periodo 2012-2013 que se emitió el primer informe de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública se han ubicado entre las cinco autoridades con mayor cantidad de quejas ciudadanas por vulnerar los derechos fundamentales de los oaxaqueños; 2017 no fue la excepción.
Las dependencias estatales que tienen como obligaciones, y no como facultades, la seguridad ciudadana y la procuración de justicia, son las que más violentan los derechos humanos.
El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), es una de las tres dependencias del gobierno del Estado con más expedientes iniciados por parte de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), derivado de quejas en su contra.
Al menos 560 expedientes fueron iniciados contra el organismo educativo estatal, la mayoría tiene que ver con quejas por violaciones a derechos humanos de la niñez; sin embargo, en al menos un caso derivó en una recomendación.
Desde que definió su orientación sexual a los 15 años de edad, Carolina Hernández Tamez ha enfrentado al menos tres situaciones de discriminación por parte de autoridades, pero sólo por dos ha interpuesto una queja.
La más reciente fue hace ocho días, cuando le impidieron donar sangre bajo el argumento de que es lesbiana.
De las 20 carpetas de investigación que ha integrado la Fiscalía Espacial en Delitos Electorales de Oaxaca por violencia política de género, ninguna ha dado pie a una sanción, todas aún permanecen en etapa de integración.
A lo mucho, lo que han permitido es que de acuerdo al protocolo de atención, se dicten en ocho casos medidas de protección para que las mujeres dejen “de ser amenazadas, les paguen sus sueldos o las dejen ejercer”.
El presupuesto destinado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, debe ser transparentado con la finalidad de que haya certeza de su destino, señaló la presidenta del Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer).
Seis defensores de los derechos humanos fueron asesinados en Oaxaca durante el 2017, siendo el segundo estado con más casos registrados, de acuerdo a un informe de la organización de derechos humanos Comité Cerezo México
A nivel nacional se reportaron 48 asesinatos. Guerrero es el estado que más ejecuciones contra activistas tuvo el año pasado, con ocho casos, después estuvieron Oaxaca, Jalisco y Michoacán con seis casos, Veracruz tuvo cinco y Chihuahua cuatro.
Tres casos en Putla
A veinte días de presentada la renuncia de Rosario Villalobos Rueda como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, aún no hay nombramiento.
La Fiscalía Especializada se encuentra acéfala desde hace nueve días, luego de que el cargo quedara vacío desde el 1 de enero de 2018.
A pesar de que durante el 2017 la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició 3 mil 296 quejas, ni el uno por ciento dio pie a una recomendación, pues apenas en el año pasado emitió diez recomendaciones.
De acuerdo con un informe anual del organismo, en su oficina central se recibieron dos mil 399 quejas y otras 897 en sus oficinas regionales.
Las autoridades municipales fueron las más señaladas de violar derechos humanos al concentrar mil 509 quejas, alrededor del 45 por ciento.
