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En Oaxaca el Caso María del Sol sigue sin avances

Foto(s): Cortesía
Nadia Altamirano Díaz

A pesar de que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental informó que presuntos implicados en el caso de la fotógrafa María del Sol Cruz Jarquín han sido citados a declarar, aún no hay resultados, ni siquiera preliminares.


El desahogo que se inició para identificar si algún servidor o ex servidor público debe ser sancionado por la comisión ilegal a la que fue sometida María del Sol Cruz Jarquín, en su laidad de jefa del departamento de comunicación de la Secretaría de Asuntos Indígenas, aún no concluye.


Sería a la Fiscalía Anticorrupción o la Especializada en Delitos Electorales a la que se canalizaría el procedimiento en caso de detectar responsabilidades del ex secretario de Asuntos Indígenas, Francisco Javier Montero López, o algún otro servidor público que avaló o dio pie a que María del Sol Cruz Jarquín viajara a Juchitán de Zaragoza, donde fue asesinada la madrugada del pasado 2 de junio.


De manera constante, la madre de María del Sol, la periodista Soledad Jarquín, ha denunciado que en vez de cumplir sus funciones como jefa de comunicación de la SAI, la joven de 28 años fue comisionada a cubrir actividades de fotografía, video y diseño de Hageo Montero, hermano del entonces titular de la dependencia.


Además de las investigaciones que inició la Fiscalía General del Estado, por un presunto delito electoral al enviar a una servidora pública a realizar actividades proselitistas, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales inició una carpeta de investigación, pero no ha dado a conocer ningún resultado.


Soledad Jarquín inició un procedimiento especial sancionador ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), órgano que ya ha remitido el expediente al Tribunal Estatal Electoral.


La Secretaría de la Contraloría inició también un procedimiento que “continúa, conforme a su función, el desahogo del proceso para deslindar responsabilidades y en su caso, determinar las sanciones administrativas correspondientes, así como en caso de detectar otra situación, canalizar a las autoridades competentes  el expediente integrado”.

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