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En medio de polémica, celebran 365 días sin homicidios en El Salvador

Foto(s): Cortesía
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha asegurado este viernes que el país cumple "un año completo" sin que se hayan registrado homicidios, poniendo así en valor la llamada "guerra contra las pandillas".

"Terminamos el 10 de mayo de 2023 con cero homicidios a nivel nacional. Con esto son 265 días sin homicidios, un año completo", ha aseverado el mandatario salvadoreño en su perfil oficial de la red social Twitter.

El mandatario ha acompañado su publicación con un vídeo en el que se aborda la situación de seguridad en el país, y se detalla que son 365 días sin muertes "desde 2019", fecha en que Bukele tomó las riendas de la Presidencia salvadoreña.

Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, ha celebrado que este es "un logro que demuestra el compromiso y la determinación de un Gabinete de Seguridad que trabaja articuladamente".

"Un hito histórico. Desde el 2019 cuando el presidente Bukele inició su gestión de Gobierno, comenzamos a escribir una nueva historia para El Salvador, no ha sido fácil, pero tampoco imposible", ha manifestado Villatoro en su perfil de Twitter.

El Gobierno de El Salvador decretó en marzo del año pasado el estado de excepción tras una sucesión de jornadas violentas en el país.

Desde entonces ha sido prorrogado en sucesivas ocasiones y ha facilitado la detención de más de 66,000 presuntos pandilleros.

La medida no ha estado exenta de polémica pues, a pesar de que parte de la población valora positivamente los resultados, más allá de las fronteras salvadoreñas se suceden denuncias por violaciones de Derechos Humanos.

Las autoridades del país centroamericano han detenidos a millares de presuntos pandilleros a los que, tras saturar los centros penitenciarios del país, ha enviado a una macrocárcel -oficialmente denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo- construida en tiempo récord y con capacidad de acoger hasta 40,000 reclusos.

El propio presidente Bukele ha llegado a compartir en sus redes sociales vídeos propagandísticos en los que se recoge el proceso de traslado y en los que se observa a los presuntos pandilleros ataviados con apenas un calzón blanco, maniatados por la espalda y con la cabeza gacha.

Disfraza Bukele abusos como seguridad

Oscar Rosales asegura ya no tener miedo de transitar las calles de El Salvador y ser abordado por pandilleros.

Está feliz de que estén surgiendo pequeños negocios sin que tengan que pagar "piso", y que la gente pueda recuperar algunos de los espacios públicos que antes controlaban los grupos criminales.

Sin embargo, pese a la aparente seguridad desde que el Gobierno de Nayib Bukele decretó hace exactamente un año el régimen de excepción para detener a presuntos pandilleros, se percibe un ambiente hostil, reconoce.

El temor de Rosales ahora ya no es ser abordado por los de la Mara Salvatrucha o la 18 -dos de las principales bandas que operan en el país-, sino que militares y policías se lo lleven detenido bajo cargos, sin pruebas, de supuestas asociaciones ilícitas.

"(Antes) por mis tatuajes yo tenía miedo de que los pandilleros atentaran contra mí. Ahora, los papeles cambian, porque aunque yo no deba nada, a veces me pongo a pensar que un policía, que un militar me revise, y por mis tatuajes me quieran implicar en algo, aunque yo esté limpio.

"El miedo de bastantes jóvenes ya no son los pandilleros, sino que los agarren por el régimen de excepción", apunta a Grupo REFORMA Rosales, de 26 años y residente de Lourdes, cantón del departamento La Libertad.

En respuesta a una ola de homicidios presuntamente cometidos por pandillas que en tres días dejó 87 muertos, en su mayoría civiles, el Gobierno de Bukele le declaró la guerra a estas bandas y decretó el 27 de marzo de 2022 un régimen de excepción que suspendió por 30 días los derechos constitucionales, incluidos derechos de asociación y reunión, de privación de las comunicaciones y a ser informados sobre el motivo de una detención.

Desde entonces, la medida, que permite detenciones exprés sin investigación, ha sido renovada cada mes por el oficialismo en la Asamblea Legislativa.

Organizaciones como Cristosal y Human Rights Watch han denunciado arbitrariedades y violaciones a derechos humanos bajo el estado de excepción, incluidas detenciones de personas inocentes -incluso de menores de edad-, la omisión del derecho a defensa, audiencias masivas, desapariciones forzadas y malos tratos y torturas.

La mayoría de los arrestos se han realizado por denuncias anónimas vía telefónica o por redes sociales.

Sin mayores indagaciones, la Policía o los soldados se llevan a las personas por supuestamente estar implicadas con los grupos criminales.

Bajo el poder que les ha otorgado la medida, autoridades han reconocido a los efectivos como los "jueces de la calle" al señalar que tienen "criterio para detener personas", según explican a Reforma los periodistas salvadoreños Jacqueline Ponce y David Pérez, de la Revista Elementos.

"En comunidades, en los territorios, el papel que la pandilla desempeñaba y que ha quedado vacío ahora en cierta forma lo están jugando los policías y los soldados, porque ahora si a un policía o a un soldado se le antoja detenerte, con o sin causa justificada, simplemente te llevan, y vas a parar a un penal sin derecho a un debido proceso", apunta Pérez.

"Es una psicosis bien complicada, a nivel emocional también. Uno ve soldados y no es que se vaya a sentir seguro, de hecho a veces hasta da un poco más de miedo cuando ellos están cerca", señala, por su parte, Ponce.

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