WASHINGTON, EU.- El presidente Joe Biden pondrá fin el próximo 11 de mayo a la política de expulsión de migrantes iniciada con la pandemia del COVID-19 que coloca a Estados Unidos ante el reto de cómo lidiar con los flujos de migración irregular a través de su frontera con México más altos de la historia.
Iniciada en marzo de 2020, la política conocida como Título 42 fue inicialmente justificada como una medida de salubridad que suma 2.7 millones de expulsiones hacia territorio mexicano, pero que coincidió con dislocaciones en diversos países de las Américas que generaron aún más migración irregular.
"La inestabilidad económica y política en todo el mundo está alimentando los niveles más altos de migración desde la Segunda Guerra Mundial, incluido en el Hemisferio Occidental", dijo el Departamento de Seguridad Interna de EU en febrero al informar de sus preparativos para poner fin al Título 42.
Sin que exista un factor único para explicar la migración desde diversos países del continente, la Administración Biden despliega a contrarreloj un conjunto de políticas, incluyendo en un lugar tan lejano como la selva de Colombia, para hacer más manejables los flujos de migrantes llegando a la frontera.
Alimentado por migrantes que huyen de la sequía en Guatemala, la violencia en regiones de México y la crisis en Venezuela, el flujo migratorio llegando a la frontera sur de EU se espera crezca; las autoridades pronostican que los arrestos de migrantes pasarán de un promedio de 7 mil 800 diarios a más de 10 mil.
"Lo que estamos viendo en términos de flujos hacia la frontera entre EU y México es realmente un reflejo de los patrones globales que se han estado construyendo durante años", comenta a Grupo REFORMA, Ariel Ruiz, analista de política migratoria en el Migration Policy Institute (MPI, en inglés) de Washington.
"Además, la pandemia ha tenido este efecto perdurable en países de América Latina", agrega Ruiz.
La señal más evidente de este inédito movimiento migratorio compuesto principalmente de países de América Latina es la cifra de 2.2 millones de arrestos hechos por la Patrulla Fronteriza de EU durante el Año Fiscal 2022, y que superó el récord previo de 1.6 millones de arrestos durante el Año Fiscal 2000.
Los saldos del Título 42 y el Título 8
Basándose en el Título 42 de la Ley de Servicios de Salud de 1944, la Administración del ex-Presidente Donald Trump inició en marzo de 2020 una inédita política de expulsión de migrantes a territorio mexicano que abarcaba a ciudadanos de México, El Salvador, Honduras y Guatemala.
Negociada con el Gobierno mexicano, la política del Título 42 rápidamente se convirtió en la principal herramienta para contener la migración cancelando el derecho a solicitar asilo, pero en sí misma provocó intentos repetidos de cruce al no incluir ninguna consecuencia legal adicional para los migrantes.
En resumen, la política del Título 42 abarcó 2.7 millones de expulsiones a México, de las cuales 1.7 millones involucraron a ciudadanos mexicanos y otro millón involucró a ciudadanos principalmente de Guatemala, El Salvador y Honduras y sólo en meses recientes a ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Ante el esperado incremento en cruces, la Administración Biden ha advertido que la remoción expedita de migrantes en la frontera, pero ahora bajo el Título 8 de sus leyes migratorias que contempla "deportaciones" con prohibición de entrada de hasta 5 años a EU y con potenciales castigos criminales para los migrantes.
"Bajo las autoridades del Título 8, los extranjeros que no tengan una solicitud de asilo viable o incapaces de establecer una base legal para permanecer en Estados Unidos serán deportados a sus países de origen", advirtió el Departamento de Seguridad Interna en su plan más reciente publicado apenas el 26 de abril.
En apoyo a la política de remociones expeditas bajo el Título 8 a partir del 11 de mayo, la Administración Biden anunció esta semana haber logrado que México continúe recibiendo en su territorio devoluciones de ciudadanos de ciertos países que el Gobierno de EU no pueda regresar directamente a sus países.
Condenada por grupos de derechos humanos y potencialmente sujeta a litigio, la Administración Biden se apresta también a publicar en los próximos días una nueva regla migratoria que negaría la posibilidad de solicitar asilo en EU a aquellos migrantes que hayan cruzado previamente por el territorio de otros países.
Funcionarios estadounidenses han asegurado que estas duras regulaciones se compensan con medidas como la creación de centros de procesamiento en Colombia y Guatemala para agilizar solicitudes de entrada para migrantes que califiquen por asilo, empleo o razones familiares en EU, Canadá y España.
Al mismo tiempo, la Administración Biden ha asegurado que continuará un programa iniciado en enero que permite la entrada a EU a un total de 30 mil migrantes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití de forma mensual que puedan demostrar tener un patrocinador en EU con suficientes recursos para alojarlos.
