Debido a que existe el riesgo del rompimiento del tejido social y de violaciones a garantías individuales, la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca (DDHPO) llamó a evitar el uso de la fuerza pública para retirar las protestas de la Sección 22.
Convocó asimismo a los trabajadores de la educación y a las autoridades estatales y federales a privilegiar el diálogo “para dirimir el conflicto magisterial derivado de los cambios generados por la reforma educativa”.
Aunado a ello, convocó a los manifestantes que realizan bloqueos en carteras estatales para que permitan el paso regular de servicios públicos indispensables para el bienestar de la población y, especialmente, en casos de urgencias médicas y otras situaciones que puedan ocasionar causar efectos negativos en la salud de las personas.
En un comunicado, exhortó a los manifestantes a conducir sus demostraciones en los términos que marca el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin causar quebranto a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, ni provocar algún delito o perturbar el orden público; pues esta clase de incidencias puede ser utilizadas para deslegitimar el derecho a la protesta.
“Ante las expresiones que tratan de propiciar una reacción violenta hacia la legítima demanda social, el organismo defensor envió una propuesta general al Poder Ejecutivo del estado en la que le manifiesta que resulta fundamental preservar la comunicación entre las partes de este conflicto como un medio que permita la coexistencia pacífica”, dijo.
La DDHPO estimó necesario que el gobierno estatal implemente mecanismos de atención pronta e inmediata del problema magisterial, en los que privilegie el diálogo como método para lograr consensos que permitan la comprensión y empatía entre los actores sociales.
Mayores dimensiones
Señaló que la falta de atención al conflicto podría generar un problema social de mayores dimensiones, si se considera que esta pugna polariza a la sociedad, “pues así como hay habitantes en la entidad que apoyan el movimiento magisterial, hay otro sector en el que generan animadversión las acciones desplegadas por los trabajadores de la educación porque se impide el ejercicio de algunos derechos, como el de tránsito”.
Demandó a las instancias estatales para que realicen las acciones necesarias a fin de dar una solución adecuada y apegada a derecho a los planteamientos, tanto de los docentes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y a los padres de familia.
