Oaxaca.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió medidas cautelares a favor de dos mujeres policías del municipio de Santa Lucía del Camino quienes denunciaron abuso de poder por parte de funcionarios municipales y violaciones a sus derechos humanos.
El organismo defensor inició el expediente DDHPO/943/(01)OAX/2016, para investigar las posibles violaciones cometidas en perjuicio de las servidoras públicas J. S. G. y G. B. M., atribuidas al regidor de Hacienda;Jorge Alberto Gamiño García, al director de Seguridad Pública, Transporte y Vialidad y a la policía primera encargada de vialidad del municipio.
De acuerdo con las policías viales la madrugada del 16 de abril, cuando se encontraban participando en un operativo de alcoholimetría detuvieron un vehículo donde se transportaba el regidor de Hacienda en estado de ebriedad.
El chofer del regidor también conducía en estado etílico por lo que las oficiales les pidieron presentar sus documentos, a lo que dichas personas se negaron señalando que eran gente “influyente”.
Ambas quejosas comentaron que sus jefes les han dado la instrucción de que, cuando los interceptados en el alcoholímetro trabajen en el municipio de Santa Lucía del Camino y presenten aliento alcohólico o cometan infracciones, únicamente les hagan “recomendaciones”.
Por lo que inmediatamente los dejaron continuar su trayectoria a pesar de que les habían ofrecido dinero para intentar sobornarlas.
LAS DESNUDARON
Las quejosas añadieron que el regidor de Hacienda y su chofer acudieron a la sede policíaca de Santa Lucía del Camino para quejarse de las agentes viales, argumentando que les habían quitado dinero, por lo que enseguida el director de Seguridad Pública municipal dio la instrucción de detener y revisar a las dos agentes viales.
Señalaron que policías encargados de vialidad las detuvieron en el mismo sitio del filtro, las pusieron contra una pared, las revisaron sometiéndolas a tocamientos en todo el cuerpo, y las obligaron a quitarse las botas, calcetines, suéter y billeteras, sin encontrar el dinero que buscaban.
Ambas agentes refirieron que, después, las trasladaron en una patrulla a las oficinas del ayuntamiento de Santa Lucía del Camino. Una vez allí, les ordenaron desvestirse completamente, y ya desnudas, les ordenaron hacer sentadillas. Posteriormente las regresaron a donde se encontraban realizando el alcoholímetro.
AMENAZAS
La quejosa G. B. M. refirió que en esa ubicación el comandante P. F. C. les pidió entregar el dinero, argumentando que aún podía hacer algo para que no las corrieran o, si no, que solicitaran su baja voluntaria antes de que procedieran contra ellas, “porque se iban a manchar sus documentos”. A esto las quejosas respondieron que no habían tomado dinero alguno. Aun así, en la corporación las obligaron a firmar dos hojas que sólo contenían sus nombres completos, por lo que temen que usen en su contra esas hojas firmadas.
En su actuación, la Defensoría emitió la medida cautelar para que el encargado de dicha presidencia y los servidores públicos involucrados en los sucesos se abstengan de causar a las agraviadas actos de molestia y hostigamiento para que renuncien a su empleo.
La DDHPO solicitó al encargado de la presidencia municipal de Santa Lucía, Carlos Girón Navarrete para que en un plazo de cinco días hábiles emita un informe detallado de lo sucedido, a fin de que el organismo defensor de seguimiento al caso.
