MADRID, España.- Naciones Unidas ha denunciado este martes que entre febrero y mayo se registraron más de 170 civiles asesinados y más de 130 violaciones o violaciones en grupo en el Estado de Unidad, en el norte de Sudán del Sur, en el marco de los enfrentamientos entre el Ejército y milicias aliadas y miembros del antiguo grupo rebelde Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición (SPLM-IO).
El informe, publicado por la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) y la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, recoge que entre el 11 de febrero y el 31 de mayo se registraron 173 asesinatos de civiles y 131 violaciones, mientras que 37 mujeres y niños fueron secuestrados en el marco de los combates.
"Estas violaciones fueron cometidas durante enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y milicias y grupos armados aliados, por una parte, y elementos del SPLM-IO, leal al vicepresidente primero, Riek Machar, por otra", ha manifestado la UNMISS en un comunicado en el que ha agregado que el informe deriva de 32 misiones de verificación en los condados de Koch, Leer y Mayendit.
Así, ha especificado que "las hostilidades en el sur del estado de Unidad afectaron al menos a 28 aldeas y asentamientos" y ha señalado que "muchos de los secuestrados fueron objeto de violencia sexual, incluidas niñas de ocho años de edad y una niña de nueve años que murió tras ser violada en grupo". "Alrededor de 44,000 civiles se vieron desplazados de 26 aldeas", ha recalcado.
En esta línea, ha apuntado que "la UNMISS identificó a fuerzas conjuntas gubernamentales y milicias y grupos aliados que operaban bajo el mando de oficiales de los condados de Koch y Mayendit como los principales responsables de violaciones y abusos de los Derechos Humanos", al tiempo que ha confirmado que el SPLM-IO "llevó a cabo ataques en Mirmir Payam, en el condado de Koch".
La UNMISS ha hecho hincapié en que la zona sur del estado de Unidad ha experimentado desde diciembre de 2013 "repetidos enfrentamientos violentos y enfrentamientos entre fuerzas militares y milicias aliadas" y ha destacado que el informe "documenta graves violaciones y abusos del Derecho Humanitario y graves violaciones del Derecho Internacional".
"Las violaciones de Derechos Humanos fueron cometidas con impunidad", ha lamentado el jefe de la UNMISS y representante especial de la Secretaría General de la ONU en Sudán del Sur, Nicholas Haysom, que ha recordado al Gobierno que "tiene el deber, bajo el Derecho Internacional, de proteger a los civiles, investigar las denuncias sobre violaciones de Derechos Humanos y hacer que los supuestos responsables rindan cuentas tras procesos que cumplan los estándares de un juicio justo".
"Consecuencias devastadoras"El informe recoge además las "consecuencias devastadoras" del conflicto para la población civil y ha reseñado que, "a partir de la información recopilada y analizada, hay motivos razonables para creer que estos ataques fueron premeditados y llevados a cabo con un grado de organización, principalmente por parte de las fuerzas gubernamentales y milicias y grupos aliados que operaban en estas zonas".
"El alto número de elementos armados y la proliferación de armas en la zona, la rivalidad política, la explotación de las históricas tensiones étnicas y las crisis provocadas por el clima crearon de forma acumulada un ambiente en el que las violaciones de los Derechos Humanos se cometieron con impunidad", ha argumentado, antes de reclamar a todas las partes que "respeten el Derecho Humanitario y las cláusulas del acuerdo de paz (de 2018)".
En esta línea, ha pedido al Gobierno sursudanés investigaciones "independientes, imparciales, rápidas, exhaustivas, efectivas, creíbles y transparentes" y que adopten medidas "apropiadas" para "dar una reparación total a las víctimas y facilitar la ubicación, liberación incondicional y reunificación de todas las mujeres y niños secuestrados".
Asimismo, ha reclamado a Yuba que "anime al diálogo y la reconciliación, incluida la participación de líderes comunitarios clave y representantes en una conferencia de paz para abordar las causas de la violencia" y que firme el memorando de entendimiento con la Unión Africana (UA) sobre el Tribunal Híbrido para Sudán del Sur para crear este organismo.
Por último, ha solicitado a la comunidad internacional que "apoye a los actores humanitarios y de desarrollo para garantizar la centralidad de la protección, la prevención y la ausencia de daño en sus programas y actividades" y que "interactúe con las autoridades nacionales y locales para identificar de forma conjunta los puntos de entrada para reforzar la capacidad de actores nacionales y locales para evitar la violencia armada en Unidad y en Sudán del Sur en general".
Sudán del Sur cuenta con un Gobierno de unidad que echó a andar tras la materialización del acuerdo de paz de 2018. Las autoridades de Sudán del Sur firmaron a principios de agosto una nueva 'hoja de ruta' política que prorroga dos años el periodo de transición, lo que implica que el país africano no celebrará elecciones en febrero de 2023, tal y como estaba previsto, dado que quedan aplazadas hasta diciembre de 2024.
Pese al descenso de la violencia por el conflicto político, el país ha registrado un aumento de los enfrentamientos intercomunitarios, motivados principalmente por el robo de ganado y las disputas entre pastores y agricultores en las zonas más fértiles del país, especialmente a causa del aumento de la desertificación y el desplazamiento de poblaciones.
