La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió medidas cautelares a los inconformes del edificio central de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDCS) y dio un plazo de 10 días a la UABJO y al gobierno estatal para que acepten una propuesta de conciliación y se halle una solución definitiva a la problemática.
El Visitador General, Juan Rodríguez Ramos, informó que desde el noviembre pasado en que inició el conflicto, ha estado pendiente de la situación, tras recibir quejas en distintas ocasiones.
Una de ellas fue por por parte de una fracción de quienes participaron en las elecciones del 11 de noviembre, quienes pedían atención a su inconformidad; en ese caso, se emitió una medida cautelar a las partes para que se privilegiara el diálogo.
Expuso que una segunda intervención ocurrió en diciembre debido a una queja que interpusieron alumnos que estaban siendo cambiados de catedrático sin su consentimiento.
Una más fue tras el inicio de la huelga de hambre del catedrático Pedro Sosa Gutiérrez y una estudiante más; en ese caso, se pidió al Ayuntamiento capitalino y a la Secretaría de Seguridad Pública vigilancia a efecto de impedir un probable desalojo de los manifestantes.
La última, indicó, fue para llamar a las partes, tanto al Gobierno estatal como a la rectoría de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, a aceptar una propuesta conciliatoria en un plazo de 10 días. El representante de la DDHPO expuso que como en todos los casos, ha habido atención a las quejas de la población.
Autonomía no es impunidad
Quien levantó su huelga el sábado al mediodía, Pedro Sosa, dijo que la iniciativa fue a propuesta de la Defensoría y disposición del gobierno estatal, que les dará una audiencia a los inconformes este lunes.
“Consideramos que es una señal de querer participar, en el marco de la autonomía universitaria, para solucionar la problemática y que hay pasos para estar en vías de solución.
“Está en manos del rector aceptar en 10 días una propuesta de conciliación para arribar a un escenario favorable para las partes. La participación del gobierno no implica violación a la autonomía universitaria, que no quiere decir extraterritorialidad; la universidad no es una isla, la autonomía no es sinónimo impunidad”, manifestó.
Amenazados por porros
Por su parte, el abogado Jesús Villavicencio Jiménez dijo que la Universidad atraviesa una de las peores crisis de su historia, por lo que es necesaria la intervención del gobierno, a fin de que autorice la instalación de una nueva Facultad de Derecho.
“Nosotros no podemos regresar a Ciudad Universitaria porque ahí es la cuna del porrismo, actualmente estamos amenazados por el porrismo; tampoco estamos pidiendo dinero ni posiciones ni coordinaciones. Estamos pidiendo diálogo, solución; pedimos desde diciembre al gobernador Alejandro Murat nos dé audiencia y se promovió amparo para ello. Insistimos que una nueva escuela de leyes es viable y no se requiere de mayores recursos financieros”, expuso.
