La violencia política es un delito que se castigará con prisión de 2 a 6 años y con multa de 100 a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Así lo establecieron los integrantes de la 63 legislatura al reformar el capítulo quinto del Código Civil del Estado de Oaxaca.
El dictamen señala que la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer reconoce que la violencia contra las mujeres constituye una manifestación de las relaciones desiguales de poder que históricamente se han dado entre el hombres y las mujeres.
También manifiesta que la violencia contra éstas constituye una violación de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales, que le impiden total o parcialmente disfrutar de sus derechos y libertades.
Dice que la importancia de la declaración radica en el hecho de considerar como actos de violencia contra la mujer no solamente los perpetrados por agentes del Estado, sino también aquellos actos de violencia física, sexual y psicológica que ocurren dentro de la familia y la comunidad, cometidos por algunos de sus propios miembros.
Asimismo la declaración destaca la necesidad de proteger especialmente a los grupos de mujeres que están en una situación de mayor vulnerabilidad dentro de la sociedad, las indígenas, las refugiadas, las adolescentes y las que viven en zonas rurales, dado que su propia situación las sitúa como blanco inerme de acciones violentas en su contra.
La violencia política de género es la acción en el ámbito político público que tiene por resultados limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos electorales de una mujer, y el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función del poder público.
