CIUDAD DE MÉXICO 17-Jun.-La Cámara de Diputados aprobó ayer marco institucional y penal para procesar delitos de corrupción.
El Pleno avaló primero la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción.
Después aprobó el dictamen sobre sanciones contra el delito de corrupción de servidores públicos y particulares.
Ambas reformas fueron remitidas al Ejecutivo federal, dentro del paquete de leyes relativas al Sistema Nacional Anticorrupción.
La Fiscalía tendrá autonomía técnica operativa para investigar y perseguir hechos que el Código Penal Federal define como delitos de corrupción.
Entre sus atribuciones está el poder requerir a las instancias de Gobierno la información que resulte útil o necesaria para sus indagatorias.
"La información por ningún motivo le podrá ser negada, incluso anteponiendo el secreto bancario, fiduciario o cualquiera otro de similar naturaleza", precisa el dictamen de reformas a la Ley Orgánica de la PGR.
La Fiscalía también podrá ordenar el aseguramiento de bienes y la extinción de dominio.
En el Código Penal Federal se enlistan como delitos de corrupción el ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, tráfico de influencias, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.
Cuando estos delitos sean cometidos por funcionarios con cargos de elección popular o cuyo nombramiento esté sujeto a ratificación de alguna de las Cámaras del Congreso, las penas previstas serán aumentadas hasta en un tercio.
En esta categoría están gobernadores, alcaldes, regidores, síndicos, legisladores y titulares de los órganos autónomos, entre otros.
La práctica del moche por parte de legisladores federales se castiga con 2 a 14 años de cárcel.
Aplicará cuando gestionen o soliciten la asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o en especie.
También aplicará si el legislador pide "moche" en el otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales.
Por el delito de enriquecimiento ilícito fija hasta 14 años de prisión, que podría aumentar a 18 cuando se trate de servidores electos popularmente.
