La polarización social y el proceso electoral, en puerta, elevan el nivel de complejidad y riesgo que la sociedad civil identifica en el municipio de Unión Hidalgo, donde la empresa Electricité De France (EDF Group) busca instalar un parque eólico.
El coordinador del área de Justicia Trasnacional de Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Juan Antonio López Cruz, celebró que en días recientes la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) haya emitido una alerta temprana por este caso.
Aclaró que esta medida no es exclusiva para las personas a quienes desde hace siete años acompañan en la defensa del territorio, sino para toda la comunidad a quien con anterioridad la DDHPO le otorgó medidas cautelares.
“La actuación del gobierno debe ser exclusiva para garantizar la seguridad de la comunidad, donde una gran parte es defensora de los derechos humanos, aunque hay algunos que apoyan y otros no, la llegada de un segundo parque eólico”, precisó.
En 2010, la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex) instaló el primer parque eólico en Unión Hidalgo de 23 que existen en la región del Istmo de Tehuantepec.
Fueron los abusos, engaños e inclumplimientos de empresas y autoridades, reclamaron, lo que llevó a los indígenas zapotecas del Istmo a defender su territorio y buscar acompañamiento de organizaciones como ProDESC.
Consulta, mero trámite
El proyecto eoloeléctrico de EDF Gunaa Sicarú comenzó con la firma de contratos de promesa de renta de tierras comunales, logró los permisos de la Comisión Regulatoría de Energía y debía empezar a desarrollarse el 1 de diciembre de 2017.
La realidad es que la empresa EDF ha visto la consulta como “un mero trámite y no como un derecho”, e incluso se presiona a la comunidad de apoyar la llegada del nuevo parque a cambio de que reciban apoyos para la reconstrucción de sus casas, “una obligación” que no terminan de asumir las autoridades.
López Cruz advirtió que la defensa de los derechos humanos en la región es cada vez más peligrosa porque se va en contra “de empresas con capitales altos” y “autoridades o representantes que tienen algún interés en apoyarlas”.
Tanto empresas como autoridades utilizan tácticas constantes de engaño o “compra” de los principales opositores y cuando “la defensa de la tierra es real” se tienen que recurrir a otras acciones como la violencia, como lo han documentado organismos internacionales en varias partes del mundo.
