La 64 legislatura aprobó el acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para retirar las placas conmemorativas que tengan el nombre del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz y el ex presidente de la Gran Comisión, Bulmaro Rito Salinas de la sede del Congreso local.
En sesión del tercer periodo extraordinario de sesiones del segundo año de su ejercicio constitucional, los diputados Luis Alfonso Silva Romo, Pavel Meléndez Cruz y María de Jesús Mendoza Sánchez coincidieron en señalar que era intrascendente retirar o dejar las placas, toda vez que Ruiz Ortiz y Rito Salinas serán juzgados por la historia.
La legisladora panista Mendoza Sánchez comentó que los más importante es que se continúen las demandas penales, si existen elementos para exigir sanciones de esta índole a Ruiz Ortiz y Rito Salinas, como lo estableció en su momento la Comisión de la Verdad, que presidió el sacerdote Alejandro Solalinde.
El acuerdo signado por los coordinadores parlamentarios de los partidos Morena, Horacio Sosa Villavicencio; PRI, Alejandro Áviles Álvarez; PVEM, Aurora López Acevedo; PT, Noé Doroteo Castillejos; y Mujeres Independientes, Aurora López Acevedo; -no lo suscribió Fabrizio Emir Mejía Alcázar del PES-, señala que en el 2016 la Comisión de la Verdad entregó a la sociedad un informe titulado “Ya sabemos, No más impunidad en Oaxaca” donde documenta y denuncia las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en el 2006 y 2007 durante el conflicto sociopolítico en la entidad.
El informe precisa que en ese conflicto se impusieron intereses políticos para cometer graves violaciones a los derechos humanos.
Añade que siguiendo a la fuente investigadora oficial, con el apoyo de la Policía Federal Preventiva y el Ejército, el gobierno de Ruiz Ortiz puso en marcha los operativos Plan General de Operaciones Antibloqueo, Limpieza de Vialidades, Plan Hierro, Plan Rector de Operaciones Juárez y Guelaguetza.
Graves violaciones a los derechos humanos
Así, dice el informe, de manera masiva y sistemática el Estado violó el principio de presunción de inocencia, así como los derechos al debido proceso y garantías judiciales, además de que ejecutó detenciones arbitrarias y tratos crueles e inhumanos y degradantes, e incurrió en desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, consideradas como violaciones graves a los derechos humanos; la tortura fue sistemática y generalizada, dado que el tiempo que duró el conflicto hubo una frecuencia casi diaria de detenciones acompañadas de esta práctica.
Por lo anterior se puede presumir la existencia de crímenes de lesa humanidad.
Manifiesta que en las consideraciones se señala que uno de los cómplices de Ruiz Ortiz en este proceso fue Bulmaro Rito Salinas, integrante del equipo más cercano del gobernador, conocido como la burbuja, y quien como presidente del Congreso avaló la represión contra el movimiento social 2006-2007.
Da a conocer que hoy en el palacio legislativo de San Raymundo Jalpan existen dos placas conmemorativas con el nombre del entonces gobernador Ruiz Ortiz, y una de ellas junto con el de Bulmaro Rito Salinas; la primera en marzo del 2006, ubicada en el exterior del edificio administrativo y la segunda en la entrada del salón de plenos.
Por esta razón y porque existe una tendencia mundial a eliminar monumentos y homenajes relacionados con procesos contrarios a los principios democráticos vigentes en el nuevo orden mundial, aprobaron el retiro inmediato de las placas.
