Oaxaca.- La fracción parlamentaria del Movimiento de Renovación Nacional (Morena) presentó ayer una iniciativa con proyecto de decreto ante el Pleno de la 63 Legislatura local, para derogar disposiciones de la Constitución Política local y desaparecer el fuero constitucional a diputados.
En tribuna, el coordinador de la bancada de ese partido y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Irineo Molina Espinoza dijo que la igualdad de las personas ante las leyes constituye el principio esencial para el establecimiento de un Estado democrático y un régimen garante de los derechos humanos.
La Constitución Política local –asentó–, dispone expresamente que la Ley es igual para todos y nadie será juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales, garantizado así que ninguna persona tenga privilegios o canonjías que le distingan del resto de la población, máxime cuando es una premisa fundamental del Estado erradicar toda desigualdad entre los gobernantes y los gobernados.
No obstante, subrayó que la propia Constitución local de manera contradictoria, regula el fuero constitucional, como una garantía de inmunidad para determinados servidores públicos y así no puedan ser procesados penalmente por delitos cometidos durante su encargo, sin iniciarse previamente un procedimiento sancionador especial para retirar ese privilegio por medio de la declaración de procedencia, a través de la Comisión Instructora.
De esta manera, el fuero constitucional y la declaración de procedencia transgreden el orden jurídico y propician la desigualdad entre los servidores públicos y los ciudadanos.
Eliminar privilegios
Con justa razón, “la sociedad exige la eliminación de esos privilegios porque al amparo la inmunidad se han cometido actos de corrupción, hechos de ilegalidad y graves violaciones al estado de Derecho, generando en la población rechazo generalizado y condena, porque su vigencia favorece plenamente la impunidad”, asentó.
Detalló que su iniciativa con proyecto de decreto para el retiro del fuero constitucional, incluye a los diputados locales, al auditor superior del estado, a los subauditores, a los secretarios del gabinete, al fiscal general y a los miembros del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).
Además, a los magistrados de los tribunales Superior de Justicia, del Estatal Electoral y de lo Contencioso Administrativo, y a los consejeros de la Judicatura y de los titulares de los órganos constitucionales autónomos.
Ante esta situación, precisó que los diputados y los funcionarios podrán ser sujeto de proceso penal en caso de la imputación o acreditación de la comisión de algún delito, sin requerirse la declaración de procedencia.
“De manera, que aquellos que cometan algún delito y sean denunciados por ello, deberán comparecer sin distinción alguna ante las autoridades competentes y someterse al imperio de la Ley, como así lo hacen el resto de los ciudadanos”, asentó.
Molina Espinoza resaltó que la eliminación del fuero constitucional fijará un precedente en materia de combate a la corrupción y de la impunidad, como así lo han hecho los congresos locales de Querétaro, Jalisco y Campeche
Iniciativa panista, congelada
Durante la 62 Legislatura local, los diputados de la fracción parlamentaria del PAN, Leslie Jiménez Valencia y Sergio Bello Guerra, presentaron también iniciativas con proyecto de decreto para la desaparición del fuero constitucional.
En su oportunidad, Jiménez Valencia, quien ocupó la presidencia de la Mesa Directiva, expuso que si bien se procesa conforme al Código Penal a los probables responsables de delitos del fuero común, pero por otro, las denuncias contra funcionarios y legisladores por cometer actos ilícitos quedan en el archivo por la inmunidad constitucional.
Mientras que Bello Guerra, subrayó que el uso indebido del fueron constitucional, obliga a replantear esta figura jurídica en sus términos y sus alcances, desde la norma constitucional hasta una adecuada legislación secundaria, para contribuir a hacer instituciones eficaces, modernas y confiables, al servicio de los intereses de sus representados y a la altura de las circunstancias de la sociedad.
Ambas, iniciativas con proyecto de decreto fueron turnadas a la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales, sin embargo quedaron en la “congeladora”.
