BUENOS AIRES, Argentina.- La delicada situación judicial de la expresidenta argentina Cristina Fernández se complicó este martes luego de que un juez la procesó por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obras públicas.
El juez federal Julián Ercolini también dispuso el procesamiento por los mismos delitos del exministro de planificación federal y actual diputado Julio de Vido, el exsecretario de obras públicas José López y el empresario Lázaro Báez, cuya compañía Austral Construcciones fue supuestamente beneficiada con el otorgamiento irregular de obras.
EMBARGAN BIENES DE IMPUTADOS
El Centro de Información Judicial reprodujo en su página de internet el dictamen del magistrado en el que también ordenó un embargo sobre los bienes de cada uno de los acusados de 10 mil millones de pesos (unos 633 millones de dólares). Los procesamientos no contemplan la prisión preventiva y pueden ser apelados.
El juez dijo en su fallo que "se encuentra acreditado" que la exmandataria y los exfuncionarios "habrían formado parte de una asociación" que funcionó al menos entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015 "destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz" en el sur argentino.
El magistrado pidió al Banco Central que inmovilice y congele las cuentas bancarias que tengan a su nombre los procesados con excepción de aquellas en las que se depositan sus sueldos o jubilaciones.
SE REDUCE CERCO JUDICIAL
Fernández, quien se encuentra en la provincia de Santa Cruz donde reside habitualmente, no ha hecho declaraciones sobre la decisión judicial.
La expresidenta peronista sostiene que desde que dejó el poder en diciembre de 2015 es víctima de una persecución por parte de jueces que responden a las órdenes de su sucesor, el conservador Mauricio Macri.
El cerco judicial sobre la exmandataria se ha estrechado en los últimos meses.
En mayo fue procesada por supuestas maniobras irregulares en el mercado de dólar a futuro que causaron un perjuicio económico al Estado y está acusada de presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
