CARACAS, Venezuela.- Decenas de miles de opositores marcharon el miércoles en Caracas para manifestar su rechazo a la suspensión del proceso que activaría un referendo para recortar el mandato del presidente Nicolás Maduro.
La confrontación política en el país escaló desde el martes, después de que la Asamblea votara a favor de iniciar un juicio político al presidente por la supuesta ruptura del orden constitucional.
Sin embargo, es poco probable que la votación del martes tenga consecuencias legales: aunque ésta será dominada por la oposición, Maduro sigue en control de otras ramas del gobierno, como las Fuerzas Armadas y el Tribunal Supremo, que ya ha declarado ilegítima la Asamblea Nacional.
Al grito de "¡Democracia sí, dictadura no!" y "¡Queremos contarnos ya!", los manifestantes se congregaron en una autopista de la capital para exigir la "restitución del hilo constitucional" y la realización del referendo.
Los oficialistas también se reunieron y realizaron una pequeña concentración en el centro de la ciudad, cerca del palacio de gobierno, un territorio vedado desde hace más de tres lustros para los manifestantes antigubernamentales.
Líderes opositores prometieron el miércoles que la próxima marcha prevista para el 3 de noviembre se dirigirá al palacio de gobierno si éste no revierte el bloqueo del referendo.
Suspensión, escasez y juicio político
El Consejo Nacional Electoral —también controlado por el oficialismo— suspendió el proceso de recolección de los cuatro millones de firmas necesarias para activar el referendo bajo el argumento de que acataba órdenes de tribunales penales que detectaron un fraude en una colecta previa. Sin embargo, esta consulta ofrecía la mejor vía para resolver la crisis política y económica de manera pacífica.
En medio de una severa escasez de medicinas y alimentos, y con la inflación más alta del mundo, diversas encuestas indican que 80% de los electores desean que Maduro abandone el poder.
En Venezuela, la Asamblea Nacional sólo pueden reclamar un juicio político, pero la ley establece que el proceso debe ser avalado por la Contraloría y la Fiscalía General. Y más allá de esto, la decisión final recae en el Tribunal Supremo de Justicia, cuyos magistrados nunca han votado en contra de Maduro y son señalados de estar bajo el control del oficialismo.
