TLALIXTAC DE CABRERA.- “Entiendan, la licenciada Carmelita es una persona sensible, que atiende las cosas con el corazón, muy atenta. Por eso estoy acá. Por eso estoy dialogando con ustedes; me fui en la madrugada pero estoy con ustedes. Conocemos sus demandas, las entendemos y estamos encauzando”.
La de las palabras melosas es una colaboradora de la Secretaría General de Gobierno (Segego), Alma Elena García, quien intenta destensar la situación. Tres días de bloqueos, protestas y retenciones por parte de agencias de Lachiguiri, el antecedente.
Pero los oponentes sólo miran; vierten algunas quejas. Velan con palos, sudores y malos humores un tercer día en la Ciudad Administrativa.
Peso sobre peso
A Santa María Lachivigoza 65 mil pesos
Nizagoche 56 mil pesos
Rancho Mijangos 25 mil pesos
Rancho Nuevo 8 mil pesos
El Carrizal 16 mil pesos
En el interior del inmueble gubernamental, cansancio, irritación, negociación, y un enfermo por hipoglucemia, que por poco no le permiten salir a bordo de una ambulancia, pese a la observación de Derechos Humanos.
--¡Vamos, vamos, vamos! ¡No vamos a permitir que salga ese cabrón, aunque esté enfermo!
--¡No, no, por favor, esperen!
Gritos y carreras de los enardecidos habitantes de la Sierra Sur, cansados de la espera y de la pasividad del ayuntamiento de San José Lachiguiri. Súplica, por parte de funcionarios de la Segego para evitar una tragedia.
Mediodía de jueves. La multitud corre del acceso principal del complejo de oficinas a una puerta del estacionamiento, donde permitieron el paso de una ambulancia, pero ya no querían que saliera.
Una ambulancia retira a una persona afectada por hipoglucemia. FOTO: Carlos Román Velasco
Dos integrantes de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca arriban para convencer a los manifestantes. Regresa la calma. Unos vuelven a dormitar sobre el cemento, entre la sombra, en el puente peatonal. Otros reclaman.
Más reclamos
--Ustedes saben que los apoyamos con alimentos; hemos estado al pendiente. Pero es un diálogo entre ustedes y la autoridad –les dice Alma Elena García.
--La ley la tienen ustedes, la tiene el gobierno; deben obligar al presidente –le replican autoridades auxiliares y pobladores, en el exterior de Ciudad Administrativa.
--No, no, estamos haciendo todo lo posible.
--Lo que pasa es que siempre cuidan a los presidentes pero no saben ustedes cómo actúan, cómo se roban el dinero. Por ejemplo, el de San Sebastián Río Hondo, ha retenido a funcionarios, a policías, y no pasa nada…
--Voy a visitarlos a sus agencias, para que vean; soy mujer de calle, de lucha, que anda siempre escuchando, como lo hace mi jefa, la licenciada Carmelita Ricárdez.
--Ojalá que nos hagan caso, porque la verdad los pueblos están muy jodidos.
--Créanme, la licenciada los escucha con el corazón, tiene sensibilidad; es una mujer que viene de pueblo, los entiende, ha estado al pendiente; los vamos a seguir atendiendo –les insiste.
--Pues ojalá sea así, siempre nos dicen lo mismo.
--Incluso nos estaban pidiendo que viniera la policía para rescatar a los retenidos, pero ella no es así, sino que nos indicó hablar y negociar con todos.
--La cosa no es así, ustedes tienen que atender que hay procedimientos para solicitar recursos, para requerir una obra –tercia Heraclio Bonilla Gutiérrez, funcionario de la Segego, quien media también en el conflicto.
Mijangos, instigador
Bloqueo en inmediaciones de Ciudad Administrativa. FOTO: Carlos Román Velasco
No obstante, de acuerdo con el ayuntamiento de Lachiguiri, quien azuza a la violencia a los integrantes de la Unión de Pueblos de la Sierra Sur, es Domingo García Mijangos, presunto dirigente social que cuenta con empresas constructoras.
En un video que hizo circular la autoridad, indicó que el individuo presiona con movilizaciones, bloqueos, retenciones y secuestros, para lograr obra pública.
Mijangos cuenta con diversas denuncias en su contra, entre ellas una de autoridades de San Miguel Ejutla, quienes denunciaron que el individuo pidió 250 pesos a 100 mujeres para gestionarles proyectos productivos.
El representante de la Coordinadora Estatal de Pueblos de Oaxaca ha sido señalado también de chantajear a funcionarios del gobierno con realizar movilizaciones en caso de que no les autoricen proyectos productivos.
Apenas el 20 de marzo encabezó una marcha en la capital con mujeres productoras de tortillas, y ordenó tender ropa en el zócalo, además de instalar letrinas al aire libre y mantener a pobladores por dos días en ese sitio.
Otro de los municipios que lo ha denunciado por chantaje es San Juan Ozolotepec, a cuyas agencias movilizó en 2015 también para demandar participaciones municipales.
