Hasta este viernes, ascendía 12 mil millones de pesos el monto observado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaria de la Función Pública (SFP) en la revisión de 21 programas federales manejados en los primeros cinco años de la administración gubernamental saliente, informó el secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro.
El funcionario expresó que, derivado de lo anterior y de una solicitud de la SFP, el órgano fiscalizador estatal inició 300 procedimientos sancionatorios contra exfuncionarios de la pasada administración involucrados en la falta de comprobación de 6 mil millones de pesos.
En entrevista colectiva al término de la ceremonia de conmemoración del Día de la Bandera Nacional, dijo que ello no significa que sean 300 los exfuncionarios que están obligados a presentarse y colaborar con la Secretaria de la Contraloría Estatal para responder por las irregularidades cometidas.
Diaz Navarro adelantó que los procedimientos iniciados pueden concluir en sanciones administrativas, resarsitorias o bien en consignación ante autoridades penales si el caso así lo amerita.
El plazo
El servidor público reforzó que de acuerdo a la normatividad, se les concede un plazo de 15 días a los involucrados para la aportación de la documentación comprobatoria y en caso de ser necesario se amplía o se les busca hasta que aclaren su situación.
Para el contralor del estado, es mejor que los involucrados se presenten tan luego sean notificados por el órgano fiscalizador. No hacerlo empeoraría su situación porque serían sujetos de las sanciones correspondientes. Además, de acuerdo a la ley, los involucrados están en su derecho de defenderse.
Aclaró que los 12 mil millones de pesos observados -la mitad por la ASF, y el resto por la SFP- no significa que en su totalidad hayan sido desviados.
