El Congreso exhortó a los 570 ayuntamientos de la entidad a que en sus iniciativas de leyes de ingresos realicen un reajuste del cobro por concepto de derechos o impuestos, por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público, para el ejercicio de actividades comerciales en su modalidad de fijo, semifijo o ambulante, o en su caso busquen los mecanismos que coadyuven a motivarlos a que sigan con su trabajo, incentivándolos de alguna manera, por los daños económicos generados por la pandemia de COVID-19.
La proposición con punto de acuerdo presentada por la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Aurora Bertha López Acevedo, aprobada como de urgente y obvia resolución en la sesión ordinaria camaral, señala que las autoridades federales, estatales y municipales han tomado las medidas necesarias para reducir la propagación del virus, entre ellas el cierre de establecimientos y la implementación de la medida Quédate en Casa.
Sin embargo las personas que viven del comercio en las modalidades fijos, semifijos o ambulantes se encuentran en una gran desventaja , pues muchos de ellos viven con lo que generan día a día, por lo tanto indudablemente se deben emprender acciones que les ayuden a salir de esta crisis económica que enfrentan y seguirán viviendo por tiempo indefinido.
“Por ello debemos tener claro que ante el escenario que este sector, como muchos más de la sociedad, está enfrentando, debemos de buscar de manera conjunta mecanismos de solución o alternativas que coadyuven a motivarlos o incentivarlos a que sigan con su trabajo y brindando el servicio a la ciudadanía con las medidas sanitarias necesarias, que con su esfuerzo, lo han venido haciendo en su mayoría”.
Puntualiza que los municipios son el primer orden de gobierno que tiene el contacto directo con la ciudadanía y percibe de primera mano las situaciones y dificultades económicas que se presentan dentro de su territorio, siendo además que estos deben ver por el bienestar de sus habitantes y ser facilitadores, entre otras, de la actividad comercial de la población; deben de buscar esos incentivos para brindarles un apoyo que motive a este sector a seguir adelante en su trabajo cotidiano, que por ende termina dando un servicio a la sociedad.
Añade que la Ley de Ingresos representa el instrumento jurídico y de planeación que otorga las facultades a los gobiernos municipales de recaudar las contribuciones que les permita hacer frente a sus gastos, por lo cual, la Ley de Ingresos es el ordenamiento legal donde se sientan las bases fiscales que permite a los ayuntamientos allegarse de recursos necesarios para dotar de infraestructura y servicios de calidad a sus habitantes, teniendo como propósito garantizar la seguridad e integridad de sus habitantes.
Dice que los ayuntamientos en base a su autonomía y libre hacienda tiene la facultad de elaborar y proponer ante esta legislatura su respectivo proyecto de Ley de Ingresos, entre los cuales pueden establecer cobro por concepto de derechos o impuestos, por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público, para el ejercicio de actividades comerciales en su modalidad de fijo, semifijo o ambulante, por lo que pueden establecer mecanismos y alternativas que coadyuven o motiven a los comerciantes en esta crisis sanitaria.
