El crecimiento desorganizado de la plantilla laboral y el consecuente aumento en salarios, así como la retribución de pensiones y jubilaciones, constituyen las principales causas de la crisis económica en la UABJO, porque ocasionan el mayor gasto del presupuesto ordinario de 971 millones 112 mil 630 pesos asignado en el ejercicio fiscal 2017.
De acuerdo con un informe interno de la Máxima Casa de Estudios cuenta con mil 680 profesores, mil 703 trabajadores –entre estos, mil 249 sindicalizados y 459 eventuales–, así como 835 empleados jubilados.
Sin embargo, el aumento en el número de trabajadores se ha hecho en forma desorganizada en los últimos años, porque no ha habido procesos de planeación y mucho menos de evaluación.
De esta manera, el personal académico y administrativo ha crecido sin guardar la proporción fijada para tal efecto por el gobierno federal. Por esta razón, 872 trabajadores no están reconocidos por la administración federal.
El 90% a salarios
Ante esta situación, la administración central destina el 90 por ciento de su subsidio ordinario de 971 millones 112 mil 630 pesos en el ejercicio fiscal 2017 a la nómina para el pago de salarios trabajadores, mientras el resto, a gastos de operación.
Dentro de esa proporción, el 20 por ciento corresponde a trabajadores no reconocidos.
Aunque el monto destinado a gastos de operación ha resultado insuficiente ante la inflación registrada en enero pasado por el incremento en el precio de los combustibles.
Doble jubilación
Aparte de esto, los contratos colectivos de los trabajadores académicos y administrativos afectan las finanzas universitarias, porque están convenidas las figuras de jubilación dinámica, pensión con último salario, aguinaldo a jubilados y doble pensión.
Según el informe interno, esta situación hace “alta mella” en la Máxima Casa de Estudios, pues se ocupan recursos financieros del subsidio ordinario, al no existir un fondo específico.
De este modo, la UABJO y los sindicatos requieren generar un nuevo esquema de pensiones y jubilaciones para dar viabilidad financiera a la institución, sin lesionar los derechos laborales adquiridos.
