Con el propósito de sancionar a las escuelas privadas que no cumplan con los planes y programas de estudio oficiales, lo que atenta contra los estudiantes de los planteles, el diputado perredista Horacio Antonio Mendoza propuso reformar la Ley de Educación del estado.
Desde la tribuna camaral, aseveró que el objetivo de su iniciativa es que no se vean afectados los derechos humanos de jóvenes, en lo que se refiere a la calidad de la educación que reciben.
La iniciativa con proyecto de decreto presentada agrega la fracción XVI Bis al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y reforma la fracción III del artículo 71, la fracción V al artículo 94 y el párrafo tercero del artículo 95, todos ellos de la Ley de Educación para el Estado de Oaxaca.
También se propone que la Coordinación General de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología sea la responsable de supervisar y sancionar, en coordinación con la autoridad federal, el exacto cumplimiento de los planes y programas de estudios por parte de las personas físicas y morales que imparten los servicios educativos en dichos niveles, esto con base en la autorización o reconocimiento de validez oficial otorgada.
El diputado local manifestó que para conservar la autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios, las instituciones particulares deberán cumplir con la exacta aplicación del plan de estudios y deberá ser entregados a los alumnos y a las autoridades educativas.
Sostuvo que una de las omisiones más recurrentes por parte de las instituciones educativas privadas, es precisamente el incumplimiento del plan de estudios, con base en el cual les fue entregado su reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, lo que se traduce en una serie de contratiempos y afectaciones económicas para los estudiantes.
Añadió que resulta evidente que las escuelas privadas, principalmente las de educación superior, a la luz de la falta de reglamentación y sanciones por parte de las autoridades educativas, realizan diversos actos de molestia y omisiones en prejuicio de los alumnos, quienes se encuentran impedidos para acudir a las instancias administrativas y jurisdiccionales pertinentes.
