El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carol Antonio Altamirano, denunció que el consejero jurídico del gobierno estatal, José Octavio Tinajero Zenil, no ha ordenado la publicación de más de 40 leyes de ingresos municipales, por lo que solicitarán juicio político en su contra por incumplir sus responsabilidades legales.
Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, donde propuso un exhorto para que el funcionario comparezca ante el pleno del Poder Legislativo, dijo que es indispensable que expliqué el porqué de esta omisión completamente arbitraria, que de forma inaudita viola lo mandatado por este Congreso y que está llevando a la parálisis financiera a los municipios de Oaxaca.
Subrayó que el gobierno del estado no puede secuestrar ni retrasar la publicación de las leyes de ingresos. “Actuar así es antidemocrático, viola la división de poderes, es un insulto a los ayuntamientos y, en el fondo, exhibe un desdén autoritario para los habitantes de los municipios que son quienes resultan perjudicados cuando los servicios y las obras municipales se quedan sin recursos propios”.
El legislador perredista manifestó que con la actuación de su consejero, “el Poder Ejecutivo del estado está impidiendo la culminación de las facultades constitucionales de este Congreso y está distorsionando el proceso legislativo, toda vez que no presenta las observaciones, pero tampoco publica lo votado por el Congreso. Por su puro capricho y de forma arbitraria ha detenido la publicación de las leyes contributivas de los municipios”.
Destacó que Tinajero Zenil viola el último párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal, que ordena y faculta a las legislaturas de los estados para aprobar las leyes de ingresos de los municipios, “por lo que de mantener su actitud, solicitaremos que se le instruya un juicio político”.
“La omisión del Ejecutivo limita las facultades recaudatorias de las autoridades municipales y de manera totalmente injusta e irresponsable, hace que todos los cobros que los municipios han realizado y siguen realizando puedan ser considerados arbitrarios y violatorios de la Constitución federal, con lo cual son vulnerables ante cualquier impugnación; pero sin que eso corresponda a ninguna determinación ni de los cabildos, que hicieron las propuestas de leyes de ingresos, ni del Congreso que las autorizó en tiempo y forma”.
Dijo que llama poderosamente la atención que, como parte de los municipios cuyas leyes de ingresos no han sido publicadas, están algunos de los municipios de la región del Istmo, donde las empresas eólicas han impulsado una estrategia para no pagar derechos por servicios públicos municipales, en entendimiento con el gobierno estatal, pero en perjuicio de los ciudadanos.
