Israel García Reyes
Este viernes se informó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) contempla, para 2022, penas de 6 a 12 años de prisión para empresarios que vendan combustibles de procedencia ilícita, además de 3 a 8 años de prisión para todo aquel que no cuente con controles volumétricos para medir entradas y salidas de combustibles, y por ende, venda litros incompletos.
A su vez, el director de Petrointeligence, Alejandro Montufar, declaró que la medida ayudará a detectar cuando alguna empresa está vendiendo producto en la ilegalidad.
Por su parte, Alain Duthoy, socio de la firma Lexoil Consulting, declaró en entrevista a Grupo Reforma que para los comercializadores la obligación es imposible de cumplir, pues la mayoría no cuenta con infraestructura, sino que recurre a transportistas y empresas de almacenamiento de estos combustibles.
En tanto, los empresarios, adscritos a la cadena de distribución de hidrocarburos y petrolíferos, consideraron excesiva la penalización y coincidieron en que los costos de inversión para el cumplimiento de la nueva disposición serán traspasados a los consumidores finales, por lo que afectará a todo el sector de los combustibles en el país.
Por último, la Comisión Reguladora de Energía reveló que en México hay 171 permisos para terminales de almacenamiento de combustibles automotrices, 34 para almacenar gas LP, 4 MIL 104 para expendio de gas y mil 208 para distribuir gas LP.
FOTO: El Heraldo de Saltillo
