Por Carlos Martínez Grabiel
Primera de dos partes
Fomentada en la Nueva España, una de las actividades económicas que generó grandes riquezas fue la minería. A finales del siglo XVIII, el Obispado de Oaxaca fue el escenario de la llegada de inversionistas interesados en la explotación de yacimientos. La actual Sierra Norte fue donde principalmente se realizó esta actividad, un territorio que en la época colonial, pertenecía a las jurisdicciones de Villa Alta, Ixtepeji y la zona de Ixtlán, dentro del corregimiento de Antequera.
En el Archivo Histórico Central del Archivo General del Estado de Oaxaca (AGEO), se conserva un documento fechado en 1790, emitido por la Comisión del Real Tribunal del Cuerpo de Minería de la Nueva España. En dicho documento, el juez Diego Morales resuelve la querella entre “indios” y mineros, quienes no respetaron los límites territoriales para la explotación de la veta minera denominada San Antonio, ubicada en el pueblo de Yolos, dentro de la jurisdicción de Teococuilco.
Don Ginés Alonso Romero, vecino de la ciudad de Oaxaca y minero en el nuevo descubrimiento, informó que Don José Alonso Romero, Don José Ayala Romero (de origen español), Antonio Martín, Francisco Javier Marín, Cosme Castellanos y Eusebio de la Cruz (indios), descubrieron una nueva veta para la industria. Por la diligencia de los indios, la veta fue nombrada San Antonio.
Después de realizarse las diligencias correspondientes, el Real Tribunal le otorgó la posesión de la veta a los descubridores, asignándoles las partes que les correspondían según su longitud, y expidiéndoles el título correspondiente.
Para trabajar la mina, solicitaron que se les habilitara, como efectivamente se hizo, bajo las condiciones estipuladas en la escritura respectiva. Además, se habilitaron todas las demás vetas descubiertas y Don Ginés se encargó de cubrir todos los gastos relacionados con las rayas, utensilios y otros materiales necesarios para el trabajo en la mina San Antonio, así como en otras tres minas que fueron descubiertas, siempre y cuando tuvieran expectativas de ser productivas.
Este manejo parecía ser satisfactorio para los involucrados, ya que se observaba paz y armonía entre ellos. Según la escritura, Don Ginés estaba obligado a habilitar aquellas minas que tuvieran probabilidades de generar ganancias, pero no las que no cumplían con ese requisito.
Sin embargo, un día la situación cambió debido a la influencia de Don José Ayala Romero.
Este individuo empezó a realizar denuncias sobre la mina San Antonio y la contratación de su habilitación, argumentando que la parte que él disfrutaba no era de su propiedad, sino del vicario del pueblo de Santa María Yolos, en contravención de las nuevas Reales Ordenanzas, asunto que sería tratado en su momento. Ayala, siendo una persona instruida en la negociación, intentó apropiarse de algunas vetas mediante acciones maliciosas, lo que no fue bien recibido por los demás mineros.
Antonio Martín, Francisco Javier Marín, Cosme Castellanos y Eusebio de la Cruz, quienes eran indios y con poca instrucción en estos asuntos, fueron fácilmente persuadidos por Ayala y su vicario, como lo demuestra una solicitud extemporánea que hicieron ante los comisionados de Talea. Pretendían que, dado que Don Ginés no había emprendido la habilitación de todas las minas descubiertas, se les permitiera vender las que quisieran.
Esta solicitud era una maniobra para apoderarse de una contra-veta que, según ellos, formaba parte de la mina San Antonio. Como resultado, se ordenó que todas las vetas descubiertas fueran trabajadas, y se envió más personal a la mina San Antonio, la cual estuvo suspendida por más de un mes debido a la falta de espacio para almacenar lo extraído y con el fin de permitir que se procesara lo producido hasta ese momento.
Otro conflicto que surgió entre los mineros fue la invasión de espacios y límites territoriales, impulsada por la ambición de obtener más ganancias. Don Ginés Alonso Romero denunció que, en la mina San Antonio, se habían movido las mojoneras y se habían estrechado las cuadras de las minas, en contra de lo que indicaban sus títulos de posesión y medidas. Sin embargo, no quiso presentar la denuncia ante los comisionados del Real Tribunal, Don Domingo Castresana y Don José Ibarra, debido a que sospechaba que ellos podían estar involucrados en el asunto. Por ello, solicitó que se delegara el caso a otros comisionados imparciales, que fueran honorables y ajenos a cualquier conflicto de interés.
Además de esto, Ayala y sus compañeros intentaron vender las minas descubiertas, lo que excluía a Don Ginés de su derecho sobre las vetas que les correspondían. Don Ginés, por tanto, pidió que se le diera una solución justa, considerando que las calumnias vertidas en su contra debían ser respondidas de acuerdo con la ley.
Continuará...
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