Las mujeres en Oaxaca que sufren de violencia político-electoral son doblemente violentadas al no existir las áreas correspondientes en materia de procuración de justicia, señaló la titular del Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO), Claudia Ramírez Izúcar.
Las limitaciones para defender los puestos políticos de las mujeres son diversas, entre ellas se encuentra que en la Fiscalía General del Estado no existe una mesa especializa para recibir las denuncias por violencia política contra las mujeres y que al IMO no le otorgaron las facultades ni estructura necesaria para enfrentar dichos casos, sin embargo los atiende, apuntó.
Quienes se atreven a participar políticamente en su comunidad se enfrentan a diferentes obstáculos; no obstante, son las mujeres de las localidades regidas por Sistemas Normativos Internos las que se enfrentan a mayores problemas para poder participar y ejercer un cargo, enfatizó Ramírez Izúcar. .
Durante este año, el IMO atendió siete casos de mujeres violentadas políticamente, cinco de ellos en comunidades bajo el SNI.
“Los hombres no están preparados para compartir el poder” , aseguró.
Sin apoyo
La abogada del IMO, María Teresa Cruz Martínez, expuso el caso de Agustina Castellano Zaragoza, de la agencia municipal de San Felipe Zihualtepec, perteneciente a San Juan Cotzocón.
Luego de ser electo a finales del 2015 el primer cabildo integrado por puras mujeres, las autoridades locales de San Juan Cotzocón no permitieron que Agustina Castellanos y su equipo ejercieran funciones por no compartir los mismos ideales políticos.
A tres meses de haber tomado el cargo como agente municipal, el presidente dejó de proporcionales los recursos, después convocó a otra asamblea para elegir a un nuevo cabildo, también de mujeres, que estuviera de su lado.
El proceso para que se haga justicia ha sido largo y cansado, mencionó la única abogada del IMO.
La Sala Xalapa avaló el segundo cabildo, por lo que tuvieron que recurrir a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; en esta instancia se ganó el procedimiento y ordenó en agosto que Agustina Castellano fuera reubicada en su cargo.
Cruz Martínez indicó que la Secretaría General de Gobierno nunca procedió para hacer efectivo el llamado del tribunal, mientras que la denuncia por violencia política en la Fiscalía General sigue detenida.
La directora del IMO dijo que las consecuencias en estos casos es que se deja el temor entre las mujeres para participar en la vida política de su comunidad.
