Una de las prioridades del Programa Nacional de los Pueblos Indígenas del presidente Andrés Manuel López Obrador es una reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicano como sujetos de derecho público, afirmó el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.
“Es para fortalecer la democracia en este país, no para que tengan fueros y privilegios”, asentó.
En la conferencia inaugural del Diplomado Sistemas Normativos Indígenas, el funcionario sostuvo que ese reconocimiento a los pueblos indígenas y afromexicano, como sujetos de derecho público, requiere la consolidación del Artículo 2 y la reforma del Artículo 115, para dejar en claro sus formas específicas de elección y nombramiento de autoridades por sistemas normativos, especialmente a través de la asamblea general.
Pero subrayó que eso también implicará la reforma de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y de las leyes de Coordinación Fiscal, de Contabilidad Gubernamental, de Responsabilidad Hacendaria y otras normas secundarias, porque excluyen de manera directa a los pueblos indígenas y afromexicano en el ejercicio de los recursos públicos.
“Fueron hechas por la tecnocracia neoliberal, porque son ataduras normativas, pues dan más importancia a una empresa, que a una comunidad o municipio”, señaló.
Consulta a los pueblos
Para esto, destacó que el gobierno del presidente López Obrador convocará una consulta a los 68 pueblos indígenas del país y al pueblo afromexicano, para escuchar su voz y conocer su sentir.
“Queremos que expresen su voluntad y sepamos así que quieren que contenga esa reforma”, indicó el ex asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Además, en presencia de consejeros electorales y diputados locales, también planteó una participación directa de los pueblos indígenas y afromexicano en el Congreso de la Unión y en los congresos locales, a través de una circunscripción especial.
“Quieren una representación como pueblos, porque no confían ni se sienten representados por los partidos políticos”, asentó.
De esto, mencionó que existen antecedentes a nivel internacional, como en Colombia, donde los pueblos indígenas tienen una circunscripción especial para tener representación en dos escaños en el Senado y cinco en la diputación, así como en Noruega, Finlandia, Suecia y Rusia, con el consejo supranacional del pueblo indígena sami.
“Lo que aquí ha faltado es voluntad política de todos los actores para dar un paso en esta dirección”, indicó.
Fortalecer el régimen político electoral
Aparte de esto, resaltó que el INPI también trabajará de manera conjunta con el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO), para fortalecer el régimen político electoral de los sistemas normativos indígenas e ir discutiendo una representación indígena en esos órganos electorales.
“Pues, en el consejo general y en los consejos locales se resuelven las elecciones, opinando consejeros y los partidos políticos, pero sin escuchar la voz de los pueblos y comunidades indígenas”, anotó.
Incluso, dijo que se necesita igualmente empezar a analizar la representación de los pueblos y comunidades indígenas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en los tribunales locales.
“Es necesario escuchar su voz, porque a menudo es ignorada”, añadió.
