En Oaxaca es necesario impulsar una iniciativa como la denominada Ley Tres de Tres, a fin de combatir la corrupción, los conflicto de interés y la evasión fiscal, pero sobre todo, para dignificar el servicio público, afirmó el diputado electo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Horacio Antonio Mendoza.
Sostuvo que en su partido, ya es obligatorio que todo militante que desempeñe un cargo público a nivel municipal, estatal o federal, presente su declaración fiscal, de posible conflicto de interés y patrimonial, “porque uno de los mayores reclamos de la población es la secrecía con la que se maneja la información respecto a las percepciones y modificaciones del patrimonio de los servidores públicos”.
Agregó que otro tema que lesiona la credibilidad de los funcionarios públicos es la asignación a cargos o puestos en la administración pública a partir de intereses laborales, personales, profesionales, familiares o de negocios.
“En los últimos años nos hemos percatado que una situación real o potencial que lesiona los intereses públicos, así como la percepción de desconfianza en el servicio público, lo que se denomina conflicto de intereses”.
Antonio Mendoza manifestó su oposición a hacer opcional la publicidad de la información de los servidores públicos. “El argumento de que esta información debe mantenerse en secreto por cuestiones de seguridad es verdaderamente contradictoria, porque si les preocupa mucho mantener su privacidad, por qué quieren entonces desempeñar un cargo público”.
“Oaxaca no está exenta de esta discusión, por el contrario considero necesario que en la próxima legislatura estatal se trabaje con las otras fuerzas políticas para crear un sistema normativo efectivo de transparencia, rendición de cuentas y compromiso ético con los ciudadanos y la sociedad”.
El también dirigente del Centro Organizador de Trabajos Autogestivos de Oaxaca (COSTA-IDN), sostuvo que desempeñar un cargo público o una representación popular es una oportunidad que la sociedad confiere a algunas personas, “por eso debe desempeñarse con responsabilidad y compromiso ético”.
“Nosotros no podemos exigir a los ciudadanos que actúen de manera honesta, que no promuevan actos de corrupción, que cumplan con sus obligaciones fiscales, si lo primero que les decimos es: esta información sobre mi situación patrimonial, fiscal o de conflicto de intereses me compromete o me pone en riesgo, entonces no permito que se haga pública”.
Subrayó que existe una crisis de credibilidad en las autoridades gubernamentales, del servicio público, de sus servidores, además de los políticos, por lo que es necesario y urgente fortalecer los mecanismos legales que garanticen una absoluta rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción de todas las personas que tengan que ver con la cosa pública.
Iniciativa ciudadana
El 18 de julio de 2016, 51 días después de que se venciera el plazo constitucional, el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó las #LeyesAnticorrupción del Sistema Nacional Anticorrupción (#SNA), de las cuales forma parte la #Ley3de3 impulsada por más de 634 mil mexicanos que confiaron en que podemos cambiar al país desde las instituciones.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas (#Ley3de3) quedó sin modificación en su artículo 29, referente a la máxima publicidad de las tres declaraciones de los funcionarios públicos así como la inclusión de los formatos #3de3.
