Después de casi 60 años, el gobierno federal no ha indemnizado a más de 100 indígenas chinantecos y mazatecos de municipios de la Cuenca del Papaloapan, por el uso de sus tierras para la construcción de las presas Miguel Alemán Valdés y Miguel de la Madrid, denunció el dirigente del Consejo Regional Chinanteco Mazateco y Cuicateco (Corechimac), Juan Rojas Morales.
El activista social sostuvo que los indígenas chinantecos y mazatecos, entre ejidatarios y pequeños propietarios, fueron engañados por la administración federal en los años 50 y 70, para entregar sus posesionesy así permitir la edificación de los dos embalses.
Incluso, subrayó que algunos de los indígenas chinantecos y mazatecos fueron desalojados por policías y soldados del Ejército Mexicano, al oponerse a dejar sus tierras.
Expuso que el gobierno federal parcialmente cumplió sus compromisos de reubicación con la mayoría de los afectados con la entrega de tierras de alta calidad y de viviendas, así como de servicios públicos en los nuevos núcleos poblacionales, empleos, mecanización del campo y sistemas de riego.
Sin embargo, observó que 104 indígenas mazatecos, ejidatarios de Loma Alta y Piedra de Amolar, pertenecientes a San Miguel Soyaltepec, así como de Amado Nervo y Arroyo Caracol Ideal, correspondientes a San Lucas Ojitlán, aún están espera de la restitución de sus derechos agrarios.
Detalló que en esta situación, también se encuentran los pequeños propietarios, los indígenas chinantecos Paulino Alfaro González, Andrés García Antonio, Federico Félix Roque, José Montaño Baltazar, Andrés Miranda Cabrera, Félix Morales Regules y María Palacio Ortiz, oriundos de San Lucas Ojitlán.
Ante esta situación, demandó que una brigada de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) acuda a las dos presas y así se localice la cota de nivel máxima 72.80 metros, para posteriormente cuantificar físicamente las superficies totales de tierras afectadas e inundadas, ya sea total o parcialmente.
Rojas Morales dijo que el Corechimac y los indígenas chinantecos y mazatecos se reservan el derecho de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por el incumplimiento del Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales, en caso de no recibir respuesta a sus demandas.
