Decenas de militantes de la organización de la Corriente del Pueblo Sol Rojo marcharon ayer de La Experimental, San Antonio de la Cal, sobre la carretera federal 175 Oaxaca-Puerto Ángel, hacia el zócalo de la ciudad, para reclamar a la Fiscalía General del Estado agilizar las investigaciones para dar con el paradero del abogado y catedrático de la UABJO, Ernesto Sernas García, desaparecido desde el 10 de mayo del año pasado.
Los manifestantes inicialmente se concentraron en la sede de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en La Experimental, para demandar una mesa de diálogo con el fiscal general Rubén Vasconcelos Méndez, pero como no se concertó el encuentro, rompieron vidrios de ventanas e hicieron pintas en el edificio.
Durante su paso por las calles, también hicieron pintas en paredes de diferentes comercios y edificios públicos.
Yolanda Ruiz, integrante de la Comisión Política de esa organización, dijo que la Corriente del Pueblo Sol Rojo salió a las calles para iniciar una jornada de lucha indefinida y exigir a la Fiscalía General del Estado la presentación con vida de Sernas García, defensor de los 25 activistas detenidos el 7 de junio del 2015, porque no se tiene conocimiento de su paradero.
“No hay avances, no hay resultados”, señaló.
Incluso, subrayó que la Fiscalía General del Estado no cuenta con ningún indicio sobre Sernas García, a pesar de estar desaparecido desde hace más de un año.
“Por eso, estamos exigiendo que se agilicen las investigaciones, para que se tengan resultados”, asentó.
Además, reclamó al gobierno estatal el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a 170 familias indígenas triquis desplazadas de San Juan Copala y puedan así tener acceso a una vivienda digna.
“Como fueron desplazadas por los paramilitares, ahora viven en el zócalo”, señaló.
De igual manera, demandó la cancelación de la subestación eléctrica de la CFE en San Blas Atempa, porque no se consultó a los indígenas zapotecos de esa municipalidad del Istmo de Tehuantepec, a pesar de ser los propietarios de la tierra.
La dirigente dijo que la organización exige también el respeto a los derechos laborales de 70 trabajadores adheridos a la Sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (Sntsa), ante las amenazas de despido.
