La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que encabeza Rosario Robles, no revisó los daños causados por los sismos de septiembre de 2017 en 258 municipios de Oaxaca, que contaban con declaratoria de desastre natural, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En consecuencia. el Gobierno Federal ignoró las afectaciones que sufrieron, al menos, un millón 960 mil 421 oaxaqueños que habitan en esas comunidades.
En la segunda entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, este órgano de fiscalización señaló que el censo levantado por la oficina de Rosario Robles, tras los sismos del 7 y 19 de septiembre, solo atendió a 104 municipios de Oaxaca, que representan apenas el 28.7 por ciento del total de localidades con declaratoria de desastre.
“La Sedatu no contó con un censo y un padrón suficiente y confiable para programar y priorizar los apoyos destinados a la reconstrucción y rehabilitación de las viviendas de la población afectada por los sismos”, expuso.
Esta dependencia federal reconoció que fue rebasada por la emergencia.
“La Sedatu informó que no tuvo capacidad operativa para atender la emergencia en materia de levantamiento de información y que por la magnitud de los daños quedó rebasada”, expuso el informe de la ASF.
Dudas de censo
Este órgano de fiscalización advirtió que no hay certeza de que el Gobierno federal haya revisado todas las casas en los 104 municipios oaxaqueños en los cuales sí se realizó el censo.
“La secretaría sólo registró información en las viviendas con daño, pero no proporcionó la documentación que acreditara que levantó información en la totalidad de las viviendas de los municipios listados en las declaratorias”, expuso en el informe.
La Auditoría recordó que la Sedatu le reportó 65 mil 44 viviendas afectadas en Oaxaca por los sismos, que representan el 27.7 por ciento del total de casas que hay en esos 104 municipios.
Evade culpa
A pesar que reconoció que no tuvo la capacidad de reacción, esta Secretaría federal culpó a la población de las omisiones del censo de afectados.
Expuso a la Auditoría Superior que la gente se negó a que se levantara la información.
En sus observaciones, la ASF destacó que este argumento no fue demostrado, de forma documental por la oficina de Rosario Robles.
