Agentes de la Policía Estatal (PE) y un funcionario del gobierno estatal pretendieron ayer desalojar en la madrugada a mujeres indígenas de la Casa para la Protección a la Joven, por pertenecer supuestamente a los sacerdotes Ignacio Cervantes Montes y Victoriano Zárate.
Las ocupantes se atrincheraron detrás de la puerta principal apoyadas con muebles, camas y otros objetos, para impedir su ingreso a las instalaciones.
La directora de la institución, Luz María de la Luz Rosa Hernández, dijo que el desalojo de las jóvenes indígenas de la Casa para la Protección a la Joven, donde se les brinda hospedaje y alimentación, para poder realizar sus estudios, está fuera de la legalidad porque el funcionario gubernamental, identificado como Ángel Donato Ramírez Cabrera, asesor jurídico de la Secretaría de Administración, no presentó orden del algún juez.
Explicó que la administración estatal pretende otorgar las instalaciones a la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, a través de los dos sacerdotes, a pesar de no tener la propiedad legítima.
Propiedad difusa
Pues –asentó–, existen versiones confusas que la casa fue propiedad del general juchiteco Francisco León y a su muerte, sus hijos la donaron para la beneficencia pública y la academia León y de la Rosa, pero también que fue expropiada por el gobierno, aunque no existe algún documento probatorio.
Precisó que la Casa para la Protección de la Joven ha venido funcionado desde hace muchos años a través de un comodato con la administración estatal, el primero suscrito en 1972 con una duración de 15 años.
Después, se signó un segundo comodato, pero finalmente no tuvo efecto porque faltó la firma del gobernador, mientras el tercero y último, feneció en el 2012, asentó.
Mencionó que según se ha podido saber, el gobierno estatal pretende donar las instalaciones a la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca a fin de resarcir un espacio de su propiedad utilizado erróneamente por el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz para la construcción de una clínica en Santa Lucía del Camino.
A cambio, la administración estatal dispuso entregar un terreno similar en el paraje Ojo de Agua, perteneciente también a esa municipalidad, señaló.
No obstante, mencionó que la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca pretende convertir las instalaciones en una propiedad privada a nombre de los sacerdotes.
Detalló que en estos trámites participa activamente el ecónomo de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, Alejandro González, quien se rehusó abiertamente a respaldar a la Casa para la Protección a la Joven, cuando se intentó lograr la firma de un tercer comodato.
Temen agresiones
Responsabilizó de cualquier agresión a los jóvenes indígenas al arzobispo José Luis Chávez Botello y al apoderado legal de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, Wilfrido Romualdo Mayrén Peláez.
La directora, también demandó la intervención de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) para evitar la violación de los derechos de las jóvenes indígenas.
