Van comunidades de Oaxaca contra mineras en juicio público

Javier Jarquín JacintoJavier Jarquín Jacinto

Los juicios el 11 y 12 de octubre se anunciaron en el andador turístico Macedonio Alcalá.

El tejido social está lacerado por el dinero de empresas millonarias. Los bosques, ríos, peñas y el resto del ecosistema están siendo devorados por la maquinaria y la ambición. Los derechos de comunidades indígenas ni siquiera son considerados; ultrajaron sus tierras y el territorio corre peligro por cientos de concesiones mineras y proyectos que fueron firmadas por la Secretaría de Economía y el Estado.

Este desolador panorama que viven las comunidades indígenas en la entidad es el principal motivo por el cual la Asamblea Regional de los Valles Centrales contra la Minería tuvo la iniciativa de enjuiciar al Estado Federal, al Estatal y las empresas mineras que parecen apoderarse más de Oaxaca. En el estado existen 322 concesiones mineras vigentes y sin consulta ciudadana, además de 41 megaproyectos que son una amenaza para la salud y el ecosistema de las comunidades.

El juicio está fechado para el 11 y 12 de octubre de 2018 y hasta la fecha hay un total de 60 comunidades y 30 organizaciones sociales que ya se sumaron para denunciar a las mineras.

Anuncian saqueo

Este 8 de agosto la Asamblea y autoridades municipales de San Pablo Guiá, Santa Catarina Minas, San José del Progreso y otros ejidos, anunciaron que el juicio popular contará con la presencia de jueces nacionales e internacionales que emitirán el veredicto para expulsar a las mineras.

"La comunidad está dividida porque comenzaron a meter grupos paramilitares para expulsar a la coordinadora que está en contra del proyecto minero, hasta el momento siguen dos gobiernos, el oficial y el autónomo, y si van a San José también verán que hay dos fiestas por la situación del día del Santo Patrón. Como prueba también está tomado el palacio municipal, sólo esto ha dejado el supuesto desarrollo e inversión que prometen las empresas, pero sólo traen muertes a los compañeros que luchan por defender su tierra", comentó la oriunda de San José del Progreso, Rosalinda Vásquez.

La mujer destacó que en la mina de este municipio los camiones se adentran hasta tres horas para retirar los recursos minerales, estimación que permite hacer un cálculo de la profundidad y el saqueo del proyecto San José.

Neftalí Reyes Méndez, coordinador del área de Derechos Territoriales de la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa), destacó que se han realizado denuncias a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por el caso del Proyecto El Águila (ubicado en San Pedro Totolapa).

"Durante más de un semestre las comunidades vecinas se quejaron por la contaminación que la mina arroja al río Tehuantepec (río Grande), decenas de cultivos se vieron afectados. Pues a un año de realizar la denuncia ni Semarnat ni Profepa visitaron la zona y argumentaron que la contaminación no era probable porque se ubicaba en una zona árida, sin vegetación, sin agua, pero nosotros sabemos bien dónde está el líquido y lo que está pasando", puntualizó Reyes Méndez.