Minera canadiense: recuento de los daños en los valles ejutecos y de Ocotlán, Oaxaca

DOS HOMICIDIOS DE ACTIVISTAS, IMPUNES

En las entrañas de la mina, un peligro para comunidades de los Valles Centrales.

La exploración y explotación de la mina La Trinidad, propiedad de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, ha causado graves impactos en el medio ambiente en San José del Progreso y en sus alrededores, pero también el rompimiento del tejido social y el homicidio de dos opositores que aún siguen sin castigo.

De acuerdo con el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, la preparación del proyecto incluyó desmonte, remoción de suelo, nivelación, compactación y creación de nuevos caminos, que han originado en consecuencia, impactos permanentes al ambiente, como alteración de la geoforma y de la profundidad del suelo, así como erosión y pérdida de suelo natural.

 

Sin castigo, el crimen de Bernardo Vásquez Sánchez, uno de los activistas asesinados.

 

Otros daños

Además, el ruido y vibraciones en suelo que causan la detonación de explosivos para la extracción de los minerales, se perciben hasta ocho kilómetros de distancia, en las comunidades aledañas Monte del Toro, Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa y la Noria de Ortiz.

Aparte de esto, la explotación de la mina tiene un impacto sobre la fauna local debido a la luminosidad por trabajo nocturno en las áreas de extracción y operación.

Independientemente de esto, el consumo de agua de la mina es de mil 500 metros cúbicos por día, lo que equivale a un millón 500 mil litros, que corresponde a 150 tinacos de 10 mil litros por día.

 

Alta concentración de químicos en la mina de Fortuna Silver Mines.

 

Por otra parte, la presa de jales de la mina expandió su capacidad de almacenamiento en el 2013 y al finalizar, tendrá dos millones 306 mil 752 metros cúbicos, lo que equivale a dos mil 306 millones, 752 mil litros de contaminantes almacenados.

A pesar de estos impactos, la empresa canadiense ha señalado que las actividades agropecuarias como la ganadería y agricultura, son más agresivas y devastadoras que la minería, criminalizando así las prácticas tradicionales de agricultura y de economía local del Valle de Ocotlán, principal proveedor de hortalizas de la capital del estado.

 

La mina, debajo de las comunidades.

 

Sin consulta y con conflictos

Además de otorgar el gobierno federal las concesiones sin respetar el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, al territorio y a la libre determinación de las comunidades, la presencia de las compañías mineras ha provocado graves problemas internos, como sucedió en San José del Progreso, donde fueron asesinados Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez, dirigentes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo).

 

Las comunidades ocotecas han manifestado su rechazo a la minera.

 

Según el coordinador del Área de Derechos Territoriales de la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Neftalí Reyes Méndez, las empresas mineras aplican una práctica sistemática para fracturar los tejidos sociales comunitarios y de corrupción de autoridades comunitarias, municipales, estatales y federales, así como de establecimiento de grupos paramilitares o de naturaleza violenta, con el fin de provocar intimidación entre los habitantes y hasta asesinar a sus opositores.

“Las autoridades mexicanas, lejos de reconocer los graves impactos producidos por la actividad minera, promocionan y generan las condiciones sociales, políticas y legislativas para permitir legalmente este patrón de conducta de las empresas, ya que difícilmente se les puede exigir el respeto a los derechos de las comunidades”, señaló.

Además, subrayó que las comunidades desconocen la concesión, su vigencia, su titular, entre otros datos, porque los gobiernos federal y estatal, así como la empresa, proporcionan información discrecional y no dan cuenta de los impactos generados en otros estados, en los ámbitos social, político, ambiental y cultural.

 

Por la concentración de químicos, la presa de jales constituye una amenaza para las comunidades.

 

Acapara 31 concesiones

“Algo que no se ha mencionado, es que ninguna de las 31 concesiones que Fortuna Silver Mines posee en el Valle de Ocotlán, fue llevada a consulta de los pueblos como dispone el Convenio 169 de la OIT, así como la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas y hasta la propia Constitución mexicana”.

Román Cruz Varela

Representante del Equipo Kruz

Colectivo que documenta las afectaciones causadas por la compañía canadiense

 

 

La mina La Trinidad, propiedad de la empresa canadiense.

 

Cierran el paso a la minera

Para cerrar el paso al deseo expansionista de Fortuna Silver Mines, ocho comunidades de los Valles de Ocotlán y Ejutla, así como una más del Valle de Tlacolula, declararon sus territorios como prohibidos para la minería.

Al respecto, el presidente del Comisariado Ejidal de San Martín de Los Cansecos, Emiliano Rojas, explicó que la decisión fue tomada a partir de las disposiciones del Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Constitución mexicana.

 

Pero principalmente con el respaldo de las asambleas comunitarias, al hacer uso legítimo de nuestro derecho a la autonomía

 

A su vez, el presidente del Comisariado Ejidal de El Vergel y su anexo Los Ocotes, José Juárez Cruz destacó que en la declaratoria hacen saber a los gobiernos su total rechazo a las actividades mineras.

 

Hemos hecho el compromiso de defender nuestro territorio de manera pacífica, organizada y por todos los medios legales

 

Además de estas comunidades, Monte del Toro, San Matías Chilazoa, Barrio del Progreso, Taniche, Cerro de las Huertas y Magdalena Teitipac, declararon a sus territorios como libre de minería.

 

La prohibición de las comunidades a la compañía minera.

 

En riesgo, 80 mil hectáreas

Conforme a una investigación de Educa, Fortuna Silver Mines, a través de cuatro filiales, pretende despojar de unas 80 mil hectáreas a comunidades de 35 municipios de los Valles de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula de Matamoros, con el monopolio de las concesiones obtenidas del gobierno federal. La compañía canadiense opera en estas municipalidades por medio de Geometales del Norte, Minerales de Oaxaca, Plata Panamericana y Compañía Minera Cuzcatlán.