Arman plantilla para combatir la corrupción en Oaxaca

MARIO JIMENEZ LEYVAMARIO JIMENEZ LEYVA

La Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción fue aprobada por el Congreso en 2017

Son 22 integrantes de la sociedad civil que se registraron para participar en la integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción en el Estado de Oaxaca, mismo que tiene como objetivo principal ser el enlace con las organizaciones sociales y académicas para fortalecer la actividad institucional en la materia.

De acuerdo al comité de selección que preside Gelasio Morga Cruz, los inscritos son: Roselia Bernardo Santos, Sergio Antonio Bolaños Scheremberg, María Isabel Chagoya Méndez, Adán Córdova Trujillo, Pedro Corres Sillas, Francisco Cruz Herrera, Alejandro Salvador Cruz Pimentel, Rubén Constantino Díaz Romero, Alejandro Figueroa Sánchez, Juan José Flores Guzmán, Rina Irena García Chagoya y Daniel Alain Hernández Iriarte.

Además de Vicente Huerta Escudero, Yaneli Jarquín Rodríguez, Genoveva Dulce Javier Agustín, Alfredo Jiménez Orozco, Gaspar Jiménez Triste, Claudia Azucena León Miranda, María Edaena López Cruz, Lizbeth Mariano Aguilar, José Luis Mostachi Pérez, Reyna Miguel Santillán, Carlos Morales Sánchez, Francisco Pablo Murgía Gaytán y Uriel Pérez García.

También Inocente de Jesús David Rendón, Minerva Patricia Ríos Padilla, Pascual Ríos Vásquez, Gualberta Rodríguez Santos, Héctor Salinas Jiménez, José Luis Sánchez Canseco, Gawdie Sánchez Hernández y Lydia Victorina Sánchez Zárate.

La Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, aprobada por el Congreso en 2017, ya cuenta con el Comité de Participación Ciudadana, que estará integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, procurando que prevalezca la paridad de géneros.

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité de Participación Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva.

Durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán renovados de manera escalonada, y sólo podrán ser removidos por alguna de las causas establecidas en la normatividad relativa a los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves.

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, no tendrán relación laboral alguna por virtud de su encargo con la Secretaría Ejecutiva.

El vínculo legal con la misma, así como su contraprestación, serán establecidos a través de contratos de prestación de servicios por honorarios, en los términos que determine el órgano de gobierno, por lo que no gozarán de prestaciones, garantizando así la objetividad en sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva.