En Ayutla, Oaxaca, violan el derecho humano al agua

Desde junio están sin agua potable

Los pobladores de Ayutla denuncian que han permanecido sin agua desde el mes de Junio.

Las 12 mesas de diálogo generadas entre la Secretaría General de Gobierno (Segego) con las autoridades de San Pedro y San Pablo Ayutla y Tamazulápam del Espíritu Santo, durante este año, no han rendido frutos.

Los pobladores de Ayutla denuncian que han permanecido sin agua desde el mes de Junio cuando una agresión de la comunidad vecina dejó una persona muerta, siete heridas y 20 despojos ante la disputa por su manantial.

Aseguran que la Fiscalía General del Estado ha sido negligente ante la problemática, pues no hay avances en el esclarecimiento de los hechos.

Acusan que la dependencia permitió que los pobladores de Tamazulápam destruyeran su infraestructura hidráulica, misma que proveía de agua al 80 por ciento de sus habitantes.
 

Sin acuerdos

Refieren que cuentan con evidencia histórica para defender su territorio, sin embargo, sostienen que las autoridades favorecen a sus contrarios, quienes se niegan a respetar acuerdos.

"En un inicio, el Secretario (Héctor Anuar Mafud Mafud) sometió a consideración la liberación de nuestro manantial, ¿cómo va a negociar un derecho humano? Nos ha dejado sin agua" deploran.

Los pobladores mixes denuncian también a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) al declarar que se ha mantenido ausente ante el conflicto.

"Ellos saben que no tenemos agua potable y lo han pasado por alto; después de las agresiones del 5 de Junio nos dijeron que enviarían a dos psicólogas a la comunidad por lo traumático de la agresión y hasta ahora seguimos esperando" condenan.

Los habitantes mencionan que acudirán a las comisiones de Derechos Humanos nacionales e internacionales, pues llevan seis meses pidiéndole audiencia al Gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, y no han sido escuchados.

Aducen la impunidad a su geografía, refiriendo que al no encontrarse en la capital no representan una preocupación para las autoridades.

"Nosotros estamos en el cerro, por eso la fiscalía nos discrimina, cuando son casos cercanos a la ciudad y se hace presión social allí sí actúan".

El conflicto agrario entre estas dos comunidades, data de hace más de 40 años y forma parte de los 364 que permanecen sin ser atendidos en Oaxaca.