Dio SSP contratos millonarios a empresa en Oaxaca; adjudicó 90 mdp sin licitar

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En tres años, el monto del contrato de Seguritech Privada ascendió a 98 millones de pesos.

Durante tres años consecutivos (de 2010 a 2012), la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO), contrajo contratos millonarios con la empresa Seguritech Privada SA de CV para la instalación del equipo de videovigilancia para la Dirección General del Centro de Control, Comando y Comunicación (C4).

Las adjudicaciones, sin embargo, se realizaron –sin licitación pública– a una empresa investigada en varias entidades del país por incumplimiento y por una cuestionable calidad de las cámaras de vigilancia.

En esos tres años, el monto del contrato de Seguritech Privada ascendió a 98 millones 27 mil 112.02 pesos para el “Proyecto integral de Servicios de Mantenimiento, Mejoramiento y Equipamiento de Sistemas”.

Diarios de circulación nacional como El Financiero, afirman que la empresa propiedad de Ariel Zeev Picker Schatz, ha recibido de al menos 20 estados de la república recursos por miles de millones de pesos a pesar de tener quejas e incumplimientos. De acuerdo con su sitio web, tiene presencia en 22 estados y cuenta con oficinas en Acapulco, Culiacán, Hermosillo, Mérida, Mexicali, Monterrey, Morelia, Oaxaca, Saltillo, Silao y Toluca.

En el caso de Oaxaca, los contratos se realizaron con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el primero registro, según documentos en poder NOTICIAS, fue en 2010 con un monto de un millón 171 mil 655.10 pesos para equipo de vigilancia.

El segundo se realizó en 2011 por un monto de 5 millones 900 mil pesos, para las para las acciones “Cámaras”, “Infraestructura”, “Servidores y Estación de Monitoreo” del proyecto “Videovigilancia”.

La Auditoría Superior de la Federación aseguró que este contrato se adjudicó de manera directa al proveedor Seguritech Privada, SA de CV; sin embargo, no contó con el expediente de la adjudicación directa por excepción a la licitación pública, contrato y garantía de cumplimiento; asimismo, no acreditó los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguraran las mejores condiciones para el estado.

En el resultado de la auditoría a los recursos del FASP de ese año, pidió a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, realizar las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente:

“Por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no contaron con el expediente de adjudicación por excepción a la licitación pública, contrato y garantía de cumplimiento; asimismo, que no acreditaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguraran las mejores condiciones para el estado”.

Pese a ello, al año siguiente –2012– la administración anterior volvió a contratar a la empresa, pero ahora con un monto mucho mayor: 90 millones 955 mil 456.92 para el Proyecto Integral de Servicios de Mantenimiento, Mejoramiento y Equipamiento de Sistemas; es decir, para la instalación de cámaras de vigilancia del C4.

Este último contrato también se realizó bajo adjudicación directa como se marca en el acuerdo CABS/DMANVSO-017/2012. Según medios nacionales, la empresa fue investigada por el incumplimiento, calidad y eficiencia del equipo que instaló; algunas de las cámaras de vigilancia fueron colocadas en la Central de Abastos de la ciudad de Oaxaca.

A medias

Más del 50 por ciento de las cámaras de vigilancia que son operadas por el C4 de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) no funcionan y el sistema fue entregado sin operar al 100 por ciento, informó el subsecretario de Información y Desarrollo Institucional, Edgar Manuel González.

En la capital, municipios conurbados y en el interior del estado, existe un total de 500 cámaras de vigilancia; de las cuales, sólo 243 están funcionando.

El C4 es un centro de comando, control, comunicación y cómputo que proveé de tecnología y servicios en materia de comunicaciones para el combate a la delincuencia; además, posee datos nacionales y estatales sobre la comisión de delitos, bandas y personas que han delinquido y también una red de telecomunicaciones que los conecta con otros centros llamados C2.

Pero según Manuel González, el gobierno anterior entregó las instalaciones operando a medias, con personal no capacitado que tuvo que ser reemplazado; así como a punto del colapso los servidores de datos, donde se aloja la información en voz e imágenes que se obtienen en tiempo real que se obtienen de las cámaras de vigilancia, además de la base de datos.