EPR: la revolución que no fue; a 20 años de su aparición

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En 1996 el EPR tomó por asalto dos ciudades de Oaxaca, hechos que marcaron la salida de la clandestinidad de este grupo guerrillero.

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Militares y policías incurrieron en detenciones ilegales, desapariciones forzadas, torturas y hasta ejecuciones extrajudiciales.

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Fueron detenidos y procesados 152 pobladores de San Agustín Loxicha y algunos profesores de la Sección 22.

Oaxaca.- Han pasado 20 años desde que irrumpió por primera vez en Oaxaca el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el 28 de agosto de 1996, como parte de su campaña político militar “Por los desaparecidos políticos y en memoria de los asesinados, de los masacrados y caídos en combate en la nueva revolución popular”.

Alrededor de las 22 horas, unidades y pelotones del grupo guerrillero realizaron acciones de hostigamiento político militar en contra la 28 Zona Militar del Ejército Mexicano y en la Base Aérea Militar número 15, situadas en los municipios conurbados de Santa Lucía del Camino y Santa Cruz Xoxocotlán. Además, ocuparon por varios minutos, la radiodifusora XHOCA, La Grande de Oaxaca, donde dejaron propaganda revolucionaria.

Unos 15 minutos después, un destacamento del grupo armado tomó la ciudad de Tlaxiaco, tras un enfrentamiento con agentes de la entonces Policía Estatal Preventiva (PEP), donde murieron dos agentes de la corporación.
 

TOMA DE HUATULCO

Un día después, 29 de agosto, dos de sus destacamentos ocuparon por espacio de 45 minutos La Crucecita, Santa María Huatulco, donde hicieron frente a efectivos de la Armada de México y de las entonces Policía Judicial Federal (PJF), Policía Judicial del Estado (PJE) y PEP, así como de la Policía Municipal.

En el choque, fallecieron 11 marinos y policías, así como un civil, además resultaron alrededor de 10 heridos.

El EPR, reportó dos decesos y tres heridos. Uno de los fallecidos, fue reconocido posteriormente como Fidel Hernández Hernández, regidor de Hacienda de San Agustín Loxicha, distrito de Pochutla, municipio zapoteca de la Sierra Sur, con alto índice de marginación.
Esta identificación, originó que el 25 de septiembre de aquel año, el Ejército Mexicano y policías federales y estatales realizaran una incursión en ese municipio, para detener al edil Agustín Luna Valencia y su cabildo, así como a decenas de pobladores, miembros de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos “Emiliano Zapata” (OPIZ-EZ), por su presunta pertenencia en el grupo armado y participación en el ataque en La Crucecita, Santa María Huatulco.

En este y otros operativos, los militares y policías incurrieron en detenciones ilegales, desapariciones forzadas, torturas y hasta ejecuciones extrajudiciales, que fueron documentadas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.


 

DETIENEN A 152

A la postre, 152 pobladores de San Agustín Loxicha y algunos profesores de la Sección 22, fueron detenidos y procesados tanto en el fuero federal como local por los delitos de homicidio calificado, conspiración, terrorismo, privación ilegal de la libertad, robo, robo de uso y lesiones calificadas, entre otros, aunque el EPR nunca los reconoció como parte de su organización político-militar.

La generalidad, fue encarcelada en la Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel y en el Reclusorio Regional de la Villa de Etla, pero otros quedaron internados en el entonces penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, Estado de México, por su supuesta peligrosidad.
 

LO NEGRO: LAS GUARDIAS BLANCAS

Con la irrupción policíaca-militar, los gobiernos federal y estatal alentaron la conformación de guardias blancas o grupos de entregadores –llamados así porque sus integrantes acusaban de ser del EPR a quienes militaban en la OPIZ-EZ–, para detener e incluso ejecutar a supuestos guerrilleros.

La aparición de estos grupos paramilitares, provocó la migración y el desplazamiento de familias enteras a esta ciudad, así como a estados del norte del país y hasta los Estados Unidos.
Inclusive, familiares de los presos instalaron y mantuvieron un campamento de denuncia por más de cuatro años en el portal del Palacio de Gobierno para reclamar su liberación.