Luis Ignacio Velásquez
15 de septiembre 2021// Durante el 2020 la organización internacional Global Witness registró el asesinato de 227 de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, siendo Colombia (65) y México (30) los países con mayor número de crímenes; sin embargo, en nuestro país el estado de Oaxaca registró 10, lo que representa una tercera parte de los crímenes y la mayoría de las víctimas fueron integrantes de comunidades indígenas.
El reporte Última Línea de Defensa, de la organización internacional, señala que en México documentaron 30 ataques letales contra personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2020, registrando un aumento del 67 por ciento respecto a 2019.
La explotación forestal estuvo vinculada a casi un tercio de estos ataques, y la mitad de todos los ataques en el país fueron dirigidos contra comunidades indígenas.
En la impunidadLa impunidad de los delitos contra personas defensoras sigue siendo sorprendentemente alta: hasta un 95 por ciento de los asesinatos no enfrentan ningún tipo de proceso legal.
Subraya que, como siempre, estos ataques letales ocurren en el contexto de una gama más amplia de amenazas contra las personas defensoras, que incluyen intimidación, vigilancia, violencia sexual y criminalización.
Nuestras cifras son, casi con certeza, una subestimación, ya que muchos de los ataques contra personas defensoras no son denunciados.
Los ambientalistas y defensores de la tierra asesinados en el 2020 en la entidad son: Esteban Martínez Pérez, ejecutado el 9 de abril en los límites de Putla Villa de Guerrero y Constancia del Rosario, fue integrante del MULT; Eugui Roy Martínez Pérez, asesinado el 7 de mayo en el municipio de San Agustín Loxicha, de donde era originario; Eutiquio Bautista Pacheco, desaparecido desde el 2 de noviembre; y Gabino Ávila Martínez, asesinado el 20 de noviembre en Santiago Juxtlahuaca, era dirigente del MULT.
Además, de Ismael Cruz García, quien fue asesinado en el paraje Tres Cruces, del municipio de Santiago Juxtlahuaca, el lunes 16 de noviembre; Maurilio Hernández Martínez, acribillado el 25 de noviembre, era gente municipal de Río Metate Copala e integrante del MULT; Pablo Guzmán Solano, asesinado el 9 de abril, en la localidad de Barrio de Ojo de Agua, Putla Villa de Guerrero, militaba en el MULT; Reynaldo Bautista Bautista, quien desapareció el 2 de noviembre junto con Eutiquio Bautista Pacheco; Rodolfo Díaz Jiménez, quien fue asesinado el lunes 2 de noviembre en Virolanga y Río Jordán, del municipio de San Baltazar Loxicha; y Tomás Martínez Pinacho, asesinado el 24 de agosto en Miahuatlán de Porfirio Díaz, era dirigente del Frente Popular Revolucionario (FPR).
Crisis climáticaEl documento precisa que a medida que la crisis climática se intensifica, también lo hace su impacto en las personas, incluidas las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente.
Una acción climática significativa requiere proteger a las personas defensoras y viceversa.
Sin cambios relevantes, es probable que esta situación solo se agrave: a medida que se acaparen más tierras y se talen más bosques en aras de las ganancias a corto plazo, tanto la crisis climática como los ataques contra las personas defensoras seguirán empeorando.
“Los gobiernos pueden cambiar el rumbo de la crisis climática y preservar los derechos humanos protegiendo a la sociedad civil y aprobando leyes para que las corporaciones rindan cuentas de sus acciones y ganancias. Los legisladores han confiado demasiado en la autoevaluación corporativa y en los mecanismos corporativos voluntarios. Como resultado, las empresas continúan causando, contribuyendo y beneficiándose de los abusos contra los derechos humanos y de los daños ambientales, especialmente a través de las fronteras”.
Manifiesta que los estados deben garantizar que las políticas nacionales protejan a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, y derogar la legislación utilizada para criminalizarlas; exigir a las empresas que realicen la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente en sus operaciones globales; e investigar y enjuiciar a todos los actores involucrados en la violencia y otras amenazas contra las personas defensoras.
En 2020
227 asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente a nivel global.
65 en Colombia, primer lugar de lista negativa.
30 en México, segundo lugar en asesinato de ambientalistas.
