La organización UNIR demanda dar con paradero de la activista Claudia Uruchurtu

Una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó que las acciones urgentes del Comité contra las Desapariciones Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) son obligatorias, la organización social Unidad, Identidad y Raíces de Oaxaca (UNIR), requirió al Estado mexicano dar con el paradero de la activista Claudia Uruchurtu Cruz.

El coordinador de ese organismo, Efraín Solano Alinarez, informó que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, en un documento firmado por el jefe de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos, Ibrahim Salama, emitió un requerimiento de acción urgente al Estado mexicano para la localización Uruchurtu Cruz, de conformidad con el artículo 30 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Expuso que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU requirió una investigación exhaustiva e imparcial de su desaparición forzada donde se tome en cuenta la información disponible, entre esto, el contexto en el cual ocurrió su desaparición.

Explicó que esta petición fue hecha por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, porque la activista se habría involucrado en el combate de constantes abusos y extorsiones de autoridades municipales hacia la población de Asunción Nochixtlán y por haber trabajado con grupos de mujeres en esa municipalidad.

Detalló que la desaparición forzada de Uruchurtu Cruz sucedió en los momentos de una manifestación de la población para protestar por la detención de un ciudadano de nombre Alfonso Avendaño, quien fue golpeado por la policía municipal horas antes.

Demandó al Estado mexicano que con la misma efectividad aplicada en la investigación para dar con los presuntos responsables de los hechos, desarrolle la búsqueda de la activista desaparecida desde hace 84 días.

Detenidos

El 7 de mayo pasado, la edil de Asunción Nochixtlán y dos personas más fueron detenidas por la Fiscalía General del Estado por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de la activista.